Proyecto de Aseguramiento de la Calidad en la Educación. Una Pésima Aplicación de una Teoría Justa y Necesaria

La Gestión y el Aseguramiento de Calidad, como conceptos, no fueron inventados en nuestro país. Son conceptos de larga data y se refieren a un conjunto de principios, normas y procedimientos que buscan asegurar que determinado sistema de producción, efectivamente produzca lo que promete, de acuerdo a estándares previamente definidos y con una cultura de mejora continua en los procedimientos comprometidos, con el objeto de ganar permanentemente en eficiencia y eficacia, disminuyendo los costos directos e indirectos de la no calidad.

Hoy en nuestro país se está discutiendo una ley que busca mejorar la calidad de la educación y su nombre hace mención precisamente a este cuerpo de ideas antes mencionado. Lo lamentable es que en nuestro país nos hemos habituado a copiar a medias algunos modelos provenientes de otros países, excluyendo de los mismos toda exigencias o condición a quienes ostentan el poder y son dueños de los medios de producción.

De esta manera, por ejemplo, se analiza siempre la flexibilidad laboral y se compara nuestro país con otros que tienen mercados aun más flexibles, pero sin entrar a los temas que incomodan a los grandes empresarios referentes al clima laboral y a la protección social del trabajador y sus familias en tiempos de desempleo. Tampoco se compara, desde el otro extremo, los promedios porcentuales de las utilidades de las empresas y su relación directa con los magros salarios y condiciones en las que laboran los trabajadores en nuestro país.

En el caso del Proyecto de Aseguramiento de la Calidad en la Educación, la situación no es muy distinta.

Se ha centrado la preocupación de manera casi exclusiva en el control y la evaluación de los que están en la ejecución del proceso, sin siquiera abrir espacios para discutir la política y las responsabilidades de cada actor en el mismo. Tampoco el proyecto se abre a incorporar una evaluación participativa de la política, del liderazgo que corresponde al gobierno ni del grado de participación de todos los actores del proceso en la definición de los objetivos de la calidad. Tampoco se discute el sentido y la visión del sistema educativo que necesitamos.

Se ha planteado entonces un proyecto que convierte a la calidad en un fin en si mismo y no en un medio para el mejoramiento de la educación chilena y el desarrollo de nuestra sociedad.

Se ignora, ex profeso, que la gestión de calidad se basa en la necesidad de hacer las cosas bien a la primera; realizando nuestro trabajo sin errores y a tiempo; dando a la siguiente persona en el proceso lo que requiere para realizar su parte del trabajo y por sobretodo, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos del proceso, que en este caso corresponde a los directivos, docentes, co-docentes, padres, apoderados y alumnos, que son, en definitiva, los miembros del sistema educativo y aquellos a quienes deseamos servir a través de él.

Sin lo anterior, hablar de calidad es solamente un ejercicio retórico, sin la más mínima intención de asegurar un buen resultado.

Como es sabido, la calidad se logra generando de manera participativa las especificaciones de lo que se desea producir, diseñando luego, también de manera participativa, el proceso mediante el cual se desarrollará; obteniendo, luego, los recursos, la infraestructura y los profesionales necesarios para la realización del producto, servicio o actividad, para luego realizar las acciones requeridas para materializar lo que se desea ofrecer.

En el caso del proyecto en cuestión, se pretende lograr calidad en la educación sin la más mínima participación de los actores del proceso en las definiciones del mismo. Esto demuestra la nula preocupación por el destinatario final del proceso y mucho menos por el destinatario interno del mismo, de la misma manera que no parece haber preocupación por las condiciones en que se desarrolla el proceso ni por que los recursos necesarios para desarrollarlo no estén disponibles o sean claramente insuficientes, planteando que primero debe llegar la calidad, para ser premiada con los recursos necesarios para lograrla. Es decir, una vez más se pone la carreta delante de los bueyes.

Es por esto que creo importante analizar la ley que se encuentra en discusión, a la luz de los principios que acompañan la instalación de sistemas de gestión de calidad, que según los expertos en el área son: la organización orientada al beneficiario, tanto interno como externo; el liderazgo estratégico; la participación; el enfoque de procesos; el enfoque de sistemas para la gestión; la mejora continua; el enfoque basado en hechos reales para la toma de decisiones; y las relaciones mutuamente beneficiosas con los miembros de la organización.

En el caso de la orientación a los beneficiarios, se sabe que las organizaciones dependen de ellos y por tanto debieran comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse por superar sus expectativas. En este punto la ley parece no calificar para ser considerada como un sistema de aseguramiento de la calidad, pues mantiene la nula orientación al cliente, beneficiario o destinatario al no considerar en lo más mínimo las necesidades de los profesores, de los padres, apoderados, co docentes y de los alumnos en las definiciones políticas y mucho menos en la provisión de los recursos necesarios para desarrollar de manera adecuada el proceso de enseñanza aprendizaje.

A los profesores solo se les considera solamente para ser evaluados y a los padres, apoderados y alumnos solo para participar en las mediciones de satisfacción del usuario que suele ser una parte mínima del proceso.

De esta manera, las necesidades de la sociedad parecen no estar presentes en el proyecto de ley y menos una definición acerca de lo que Chile desea de su educación. Por lo mismo, se ve difícil que la mencionada ley y su principal instrumento, la Superintendencia de Educación, entendida como la Agencia Para el aseguramiento de la Calidad de la Educación, logre generar identificación y compromiso de los participantes en el proceso y de la sociedad en su conjunto con el sistema educativo, pues nada de lo que hay en él, los toma en verdadera consideración.

En el caso del liderazgo, resulta imprescindible la existencia de lideres capaces de establecer la unidad de propósito y las orientaciones generales para la dirección del sistema, los que deben esforzarse, más allá de las palabras de buena crianza, por generar y mantener un ambiente interno y un clima de trabajo en el cual los profesores pudieran llegar a involucrase totalmente en el logro de los objetivos del sistema educativo, buscando por todos los medios, el logro de profesores orgullosos, satisfechos y contentos de la labor que realizan, del ambiente de trabajo en el que se desempeñan y de la retribución que reciben por el mismo.

Sin lo anterior jamás veremos avances reales en la educación ya que tener a los profesores entre los profesionales peor pagados de nuestro país, con la presión de ser ante la sociedad, los únicos responsables de los resultados en el aula como si los que elaboran la política, definen la cantidad de recursos y el marco en el cual se desarrollará, no tuvieran relación con los mismos, es un muy mal camino, sino el peor, para tratar de alcanzar la tan mentada calidad y no parecen haber señales para pensar que quienes lideran hoy el sistema nacional de educación tengan las preocupaciones que suelen caracterizar al tipo de liderazgo antes mencionado.

De todo lo anterior se deduce que la ley debe ser transformada radicalmente si es que alguien desea de verdad mejorar la educación. Dichos cambios debieran incorporar necesariamente, mecanismos y procedimientos para la participación temprana y vinculante de todos los miembros del sistema, en las definiciones más importantes, ya que son la esencia del mismo y su total implicación posibilitará que sus habilidades sean usadas de manera adecuada para el beneficio de toda la sociedad y de los destinatarios finales de las políticas educacionales, generando identidad e identificación con el sistema en su conjunto y con sus objetivos.

Lo anterior debiera complementarse con un enfoque de procesos que permitiera entender la interacción entre los distintos actores y proceso del sistema, para que estos puedan ser efectivamente definidos, estudiados y asegurados.

Así las cosas, resulta imposible separar los procesos de enseñanza en aula con los destinados a ofrecer la infraestructura adecuada, los recursos necesarios, y los mecanismos de evaluación participativa y en 360° para definir, claramente, las responsabilidades de las fallas y poder desarrollar las acciones correctivas necesarias, en las áreas y actividades pertinentes, pues para asegurar la calidad de la educación deben asegurarse, de manera previa, las condiciones para desarrollar el proceso, las que en ningún caso deben estar condicionadas a resultados, pues si las condiciones, como infraestructura, recursos, respeto y salarios dignos son un premio por la calidad y no una condición para la calidad, jamás lograremos mejorar la educación.

Resulta claro entonces que mientras la ley no incorpore un enfoque de sistema que permita identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados para contribuir a la eficacia y eficiencia del sistema en el logro de sus objetivos y persista en separar los procesos y asignar de manera sesgada las atribuciones y las responsabilidades será, simple y nuevamente, un pésima aplicación, de una teoría justa y necesaria.

Por último, debe aplicarse un modelo de gestión de excelencia completo, que permita la incorporación de la cultura de la mejora continua en el sistema, por lo que asegurar el desarrollo de la carrera funcionaria y mecanismos transparentes y mutuamente acordados para evaluar participativamente la política y a todos los involucrados, determinar las brechas y capacitar a todos y todas los participantes en el proceso, debe formar parte sustancial en cualquier reforma educacional.

Todo lo anterior debe complementarse con un sistema de toma de decisiones basado en hechos reales, con indicadores construidos de manera participativa, de manera de desarrollar un sistema que reconozca que las relaciones entre beneficiarios o destinatarios y miembros del sistema, son interdependientes y, por lo mismo, debe ser mutuamente beneficiosas puesto que ello contribuye a desarrollar la capacidad de todas y todos los involucrados para crear valor en el sistema. Esto es particularmente importante a la hora, por ejemplo, de comparar el sector público y el sector privado ya que a diferencia de la imagen que se ha instalado y considerando las significativas diferencias de recursos que cada sistema utiliza por alumno atendido, los resultados no son tan distintos en pruebas internacionales por lo que aparece como más eficiente el sistema publico que con significativamente menos recursos por alumno obtiene resultados que poseen una mucho mejor relación precio calidad.

Resulta inaceptable y preocupante entonces, desde la perspectiva de la Calidad, que los profesores, que son parte fundamental del proceso que se pretende mejorar, sigan con la nueva ley, sin tener participación en las definiciones pero, al mismo tiempo, sigan siendo los únicos llamados a pagar los costos de la no calidad en la educación de nuestro país. Seguir insistiendo en exigir calidad sin contar con los recursos ni la infraestructura necesaria y haciendo exactamente lo contrario de lo que se necesita para tener profesores orgulloso, satisfechos y contentos, solo puede tener por objetivo terminar de matar la educación pública para dejar a la educación privada, a pesar de la pésima relación precio calidad que posee, como la única alternativa para deseducar a nuestros hijos.

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