Las inconsistencias de la Comunidad

La Comunidad Ecológica de Peñalolén ha desarrollado en el último tiempo, una furiosa campaña en contra del Plan Regulador Comunal que el municipio, encabezado por Claudio Orrego, pretende aprobar mediante un plebiscito el próximo once de diciembre.

Se han aprovechado para ello de la presencia y los contactos que poseen en algunas organizaciones ciudadanas, en medios de comunicación y en el ambiente del espectáculo, sin transparentar, por supuesto, los reales intereses de quienes lideran esta campaña.

Se suman así, a un pequeño grupo de sujetos que, haciendo gala de la más vergonzosa falta de ética, han pretendido detener uno de los proceso más participativos de planificación territorial que podamos recordar en nuestro país, mediante una serie de mentiras que han ido instalando en la comuna, para defender y afianzar sus mezquinos intereses.

De hecho, uno de los argumentos que más se da en la discusión es que este Plan no deja espacio para la vivienda social en la comuna, como si los planes reguladores comunales tuvieran atribuciones para definir, mediante la zonificación y su ordenanza, el resguardo de terrenos para dichos fines, lo que es total y absolutamente falso.

De hecho, quien lo plantee, no solo miente, sino que tampoco sabe hacia dónde apuntar, para lograr viviendas sociales dignas para los sectores populares de nuestro país.

Otro argumento que se ha dado es que este Plan regulador Comunal está hecho para las inmobiliarias, lo que se contradice con la realidad, pues lejos de generar mayores oportunidades de negocios, mediante los usuales aumentos indiscriminados de densidad habitacional, la propuesta baja la densidad media de la comuna, con acotados incrementos que buscan asegurar la oferta de viviendas para todos los peñalolinos, por una parte, y que la comuna aproveche de manera óptima la nueva infraestructura de transporte con la que cuenta (METRO Y VESPUCIO), por otra.

A estos argumentos sin fundamento real, se suman algunos de carácter legal de tipo exclusivamente administrativo, que se han difundido bajo una supuesta inviabilidad ambiental del Plan, ocultando las verdaderas razones de los obstáculos que ha tenido que enfrentar el mismo y que se deben, fundamentalmente, a que nuestros legisladores no previeron los necesarios espacios de transición entre los procedimientos de aprobación ambiental antiguos y nuevos, para asegurar la continuidad de los procesos que se habían iniciado antes de los cambios legales, generando una serie de problemas administrativos, millonarias pérdidas para el país y un importante retraso en los ejercicios de planificación en curso a lo largo y ancho del territorio nacional.

Como si fuera poco han acusado al municipio de querer desmantelar y hacer desaparecer a la “comunidad” sin aceptar que todos los cambios que se proponen, están en terrenos que no forman parte de la misma, que los terrenos en que se cambian las condiciones de construcción no alcanzan al 7% de su superficie y que los propietarios de dichos terrenos, tienen promesas de compraventa firmadas hace ya mucho rato, pues no les interesa ser parte de eso que llaman “comunidad”.

Las razones de fondo, sin embargo, parecen ser otras.

Por una parte, pretenden evitar, a toda costa, la instalación de una franja residencial de baja densidad en uno de los límites de la comunidad, para que no se ponga en peligro, dicen ellos, la forma de vida de la misma.

Lo que no dicen, es que no desean más viviendas sociales cerca de sus condominios, relativamente exclusivos y por ello han iniciado una campaña vergonzosa para instalar la idea de que la nueva ordenanza, mediante algunos de artículos de la ley General de Urbanismo y Construcciones, que permiten promediar las densidades de distintas zonas contiguas, que convergen dentro de un sitio, permitiría construir condominios exclusivos y no vivienda social

Lo que no dicen, es que la nueva ordenanza, que efectivamente permitiría lo anterior, no hace más que consolidar, en los terrenos supuestamente afectados, la situación innegable hoy en día al interior de la comunidad, en donde existen predios que, absolutamente fuera de la ley, poseen más construcciones de las permitidas, operando en la realidad como verdaderos condominios, similares a aquellos que dicen querer evitar.

De hecho, más del 50% de las construcciones que existen en la comunidad, no son legales, no pagan contribuciones y debieran ser demolidas para proteger la forma de vida de aquello que llaman “comunidad”.

La nueva ordenanza, en cambio, permite, en los terrenos supuestamente afectados, que los residentes regularicen las eventuales situaciones ilegales que pudieran existir, por no contar con los permisos municipales con los que todas las construcciones existentes en zonas urbanas deben contar, a no ser que los residentes de la “comunidad” se sientan ciudadanos de una clase distinta a la de todos los demás.

Así las cosas, más que un conflicto, los cambios propuestos por el nuevo Plan regulador Comunal, debieran representar, para algunos, una tremenda e histórica oportunidad de regularizar su situación.

Lo anterior, sin mencionar que llama profundamente la atención que alguien piense, que es malo para otros lo que es bueno para ellos, lo que debe invitar a reflexión y a poner en tela de juicio las verdaderas intenciones de los numerosos y sistemáticos intentos para hacer fracasar un proceso de Plan Regulador que ha pretendido, a todas luces, lograr un adecuado equilibrio entre los intereses públicos, privados y comunitarios, sin poder darle el gusto a nadie en un 100 % de sus demandas, proyectando los cambios que la comuna necesita para los próximos treinta años.

Publicado en Radio Cooperativa