Ciudadanos egoistas y ordenamiento territorial

En estos días se ha reabierto de manera auspiciosa el debate acerca de la participación ciudadana en nuestro país. Un centro comercial en Castro, Chiloé y las obras de mitigación que debe realizar Costanera Center en Santiago, están en el centro del debate. Estos son solo ejemplos de Planos Reguladores Comunales aprobados sin el consentimiento de la ciudadanía.

Estas obras y la participación activa de las comunidades afectadas, no parecen ser una excepción. Por todos lados y en casi todas las comunas en donde se están actualizando o ejecutando por primera vez los Planos Reguladores Comunales, la comunidad se levanta y reclama por las decisiones que se están tomando a sus espaldas, mientras comienzan a criticar abiertamente los resultados de determinados estudios que solo aplican proyecciones sobre tendencias económicas para responder ciegamente a ellas, pasando por alto las expectativas de los más directamente involucrados.

Salvo contadas excepciones, las autoridades comunales se disponen a abrir dichas comunas a lucrativos negocios inmobiliarios representados por edificios en altura y centros comerciales que se desarrollan sobre añosos y consolidados barrios residenciales de mediana y baja densidad, buscando jugosos ingresos por los permisos de edificación para las municipalidades y multimillonarias ganancias para las empresas inmobiliarias.

Pero lo cierto es que la responsabilidad no recae exclusivamente en las autoridades. Esta se encuentra repartida entre todos los actores que directa o indirectamente participan en la manutención de la actual forma de organización de la sociedad.

Primero, está la responsabilidad de las ciudadanas y ciudadanos, que no se interesan por los problemas mientras estos no les toquen directamente sus intereses y que luego de quejarse, en forma reiterada, de las decisiones cupulares y la falta de participación, se abstienen de participar o vuelven a votar por los mismos candidatos y partidos políticos que han mostrado un sistemático desprecio por la comunidad, por la participación y por la democracia como forma de relacionarse con su entorno, permitiendo que el sistema se reproduzca sin análisis, crítica, ni oposición alguna.

Luego están quienes hacen las leyes —diputados y senadores— que han validado una y otra vez el hecho de que los planes reguladores y el ordenamiento territorial se desarrollen sin la participación de la comunidad. De hecho, la Ley General de Urbanismo y Construcciones actual, que ellos han modificado al menos en cuatro oportunidades, solo obliga a incorporar a la comunidad en una función meramente consultiva, una vez que el proyecto está terminado, sin exigir siquiera que sean incorporadas las observaciones emanadas de las simbólicas reuniones informativas o asambleas populares y sin dejar tiempo para reaccionar.

Pero la responsabilidad recae también en las escuelas de arquitectura y urbanismo y en gran parte de las consultoras dedicadas a la planificación territorial que, con una visión absolutamente sobre ideologizada y con cada día menos capacidad de crítica, han ido consolidando una forma de entender la planificación y el ordenamiento territorial, completamente reñida con la participación y con las expectativas de los destinatarios de las mismas, reduciéndola solamente a una forma más de movilizar recursos financieros con miras a la tan ansiada reproducción del capital.

Por último, están las autoridades de los gobiernos locales que no asumen que la ley, en cuanto a participación ciudadana se refiere, solo establece mínimos obligatorios, convirtiendo la participación en un tema casi exclusivo de voluntad política. Así, todos deben saber que nada impide a los alcaldes de las comunas — y a las consultoras dedicadas a la planificación y el ordenamiento territorial—, incorporar la participación comunitaria de manera temprana y vinculante, es decir, incorporarla durante el proceso de elaboración del proyecto, con el compromiso de que las decisiones mayoritarias de la comunidad, se vean efectivamente reflejadas en los instrumentos legales.

Pero la responsabilidad mayor recae en la ciudadanía, por su egoísmo y su falta de visión y de solidaridad. Hay que asumirlo, nunca vimos a los ciudadanos y ciudadanas de La Reina reclamar contra la Costanera Norte en solidaridad con los habitantes de Pedro de Valdivia Norte. Tampoco vimos a los habitantes de Recoleta solidarizar con los habitantes de Providencia que hace años vienen reclamando por la destrucción de sus barrios y espacios públicos. Tampoco hemos visto a los ciudadanos que hoy reclaman hacerse cargo de las innumerables denuncias de la agrupación Defendamos la Ciudad que encabeza Patricio Herman. Sin embargo, a todos los hemos visto reeligiendo una y otra vez a sus alcaldes, concejales, diputados y senadores para luego volver a quejarse de las decisiones que, de manera inconsulta, toman la mayoría de las autoridades.

Daniel Jadue J.