Una de las herencias de la UDI

Desde su nacimiento, la Unión Demócrata Independiente (UDI) se ha presentado asimisma como una especie de reserva moral de nuestra sociedad. Esta pretensión los ha impulsado −respecto a cómo debe administrarse el Estado− a auto instalarse en el imaginario colectivo como los adalides de la probidad y la responsabilidad fiscal.

Permanentemente han vociferado acerca de la necesidad de gastar bien los recursos del Estado llamando, sobretodo, a jamás gastar más de lo que se es capaz de generar y nunca aumentar la recaudación fiscal.

En este contexto, es importante dar cuenta de la situación en que se nos ha entregado la Municipalidad de Recoleta, ya que más allá de los discursos lo importante son los hechos pues, finalmente, uno es lo que hace y no lo que dice y la diferencia entre lo que la UDI dice y lo que ha hecho en Recoleta es, por decir lo menos, escandalosa.

En los primeros análisis del presupuesto municipal, nos encontramos con una serie de sorpresas acerca de las cuales se hace imprescindible dar cuenta a la sociedad.

La primera de ellas es que nuestra municipalidad se encuentra hoy con una deuda que supera los M$ 4000 (cuatro mil millones de pesos), pues durante los 12 años de gobierno la UDI se gastó, sistemáticamente, mucho más de lo que la municipalidad era capaz de generar.

Esta práctica, fue desarrollada mediante un procedimiento reiterado y a la vez engañoso, consistente en aprobar −con la mayoría de concejales de derecha que los alcaldes de la UDI tenían en el Concejo Municipal− presupuestos inflados basados en ingresos irreales, que permitían girar contra dineros que jamás ingresarían.

Para paliar, en parte, el impacto de esta nefasta práctica, se enajenaron propiedades municipales por montos cercanos a los M$ 7000 (siete mil millones de pesos). Pérdidas patrimoniales sin las cuales la deuda actual superaría con creces los M$ 10000 (diez mil millones de pesos).

Esto ha llevado a que el municipio se haya habituado a no cumplir con sus obligaciones financieras durante mucho tiempo, y que tampoco haya respondido a compromisos adquiridos contractualmente, lo que ha significado perder juicios que han generado un serio daño patrimonial para el municipio, que según la auditoría entregada por el gobierno saliente su origen se concentra en los primeros ocho años de gestión y que no pudieron revertirlo en los cuatro años restantes.

Entre las deudas que destacan, se encuentran los servicios básicos que alcanzan al mes de diciembre de 2012, una deuda exigible de M$ 1200 (mil doscientos millones de pesos) solo en consumo eléctrico, situación que podría explicar el retiro efectivo de las luminarias peatonales de las veredas, que tanto reclaman los vecinos y vecinas de nuestros barrios más vulnerables y muy especialmente los adultos mayores para quienes, especialmente, es un peligro desplazarse en medio de la oscuridad.

A ello se suman los gastos asociados a servicios generales como recolección de residuos sólidos domiciliarios y su disposición final, que presenta una deuda de M$ 782 (setecientos ochenta y dos millones de pesos); mantención de áreas verdes, que ascienden a M$ 134 (ciento treinta y cuatro millones de pesos); mantención de semáforos que ascienden a M$ 34.2 (treinta y cuatro millones, doscientos mil pesos); mantención de alumbrado público por M$ 105 (ciento cinco millones de pesos) y otros servicios generales por más de M$ 60 (sesenta millones de pesos).

A todo lo anterior se suma una Resolución de última instancia sobre un juicio interpuesto por Chilectra contra el Municipio buscando “Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad” que corresponde al pago de un trabajo solicitado por esta municipalidad pero no cancelado, que asciende a M$ 483.6 (cuatrocientos ochenta y tres millones, seiscientos mil pesos).

Como si fuera poco, existe una deuda flotante, que se origina a ejercicios de años anteriores que se traducen en compromisos pendientes por M$ 706 (setecientos seis millones de pesos), sin contar con la discutible opción que se hizo al optar por financiar el Nuevo Edificio Consistorial vía leasing, a una tasa de UF + 6,9 %, con un banco privado, en el mismo momento en que el Gobierno Regional comenzaba a financiar las reposiciones de Edificios Consistoriales a lo largo de todo el país.

Esta opción genera una cuota cercana a los M$ 800 (ochocientos millones de pesos) anuales por 10 años, con lo que se pagará casi el doble del valor real del edificio, con un claro perjuicio para las arcas municipales en beneficio de una entidad privada que se llevará jugosas ganancias sólo por poner dinero que podría haber aportado el nivel central.

En el ámbito del clima organizacional, nos hemos encontrado con una municipalidad tremendamente golpeada por casos de corrupción y denuncias de irregularidades administrativas que se encuentran en procesos de investigación y que han hecho pagar a justos por pecadores, debido a que determinadas prácticas reñidas con la ética de lo público se han naturalizado convirtiendo las normas de excepción en regla general y abusando del espíritu de las leyes en beneficio de actores privados que no dan muestras de estar interesados, en lo más mínimo, en el bien común.

Todo esto representa un tremendo desafío para esta nueva administración, pero estamos seguros de que lograremos cambiar la nefasta cultura organizacional y el clima que la UDI ha dejado, como uno de sus peores legados en nuestra comuna, para poner en su lugar la cultura de la transparencia, de la mejora continua y de la eficiencia en el uso de los recursos, todo ello con la participación de todos aquellos que deseen una comuna y una municipalidad de estas características. Esto es parte fundamental de nuestro compromiso.

Daniel JadueAlcalde de Recoleta