La UDI, los bienes públicos y los negocios privados

Todos conocemos la natural inclinación de la UDI y RN a convertir −cuando ocupan cargos de representación popular− mediante las atribuciones que la sociedad les entrega, todos los bienes públicos en negocios privados, generando así una cada vez mayor concentración de la riqueza en nuestra sociedad a partir de bienes que son de todos y, por tanto, debieran estar al servicio de todos. Lo anterior suele traerles conflictos de interés que, aunque no siempre caigan en la ilegalidad, empañan de manera inaceptable una función que debiera estar absoluta y totalmente exenta de ellos.

En este contexto, no es novedad que durante los 12 años de gobierno comunal de la UDI en Recoleta se hayan entregando en concesión a actores privados, con claros fines de lucro, una serie de bienes nacionales de uso público o infraestructura y equipamiento social de primera necesidad, que han salido de dicha esfera para ir a incrementar negocios particulares y profundizar la desigualdad que tantos discursos adorna en nuestro país, pero que tan pocas acciones inspira.

Tampoco puede sorprendernos que se haya implementado una política de debilitamiento estructural de los servicios estatales que no fueron vendidos o entregados en concesión, como salud y educación, para que en su lugar surgieran unidades de negocio privadas dedicadas a transformar derechos universales en bienes de consumo.

De esta forma, se cerraron colegios municipales para permitir que en su lugar nacieran colegios privados que vinieron a reemplazar a la educación pública, mientras los colegios municipales que no se cerraban, carecían de todo lo necesario para asegurar una educación de calidad y languidecían, enfermos de falta de inversión y desfinanciamiento crónico.

En este contexto, las matrículas municipales bajaron a razón de un 10 % anual, llegando las matrículas privadas, que ascienden hoy a más de 23 mil, a representar poco más del 70 % del universo de matrículas escolares de la comuna.

El ejemplo más patético de esta política lo constituye el otrora emblemático liceo Valentín Letelier que, desde su época de oro hasta nuestros días, pasó de cerca de 3000 alumnos a algo más de 130, bajo la mirada cómplice y complacida de las autoridades comunales que incluso llegaron a evaluar la idea de vender la infraestructura a alguna institución privada.

De la misma forma se pauperizaron los consultorios actuando con la ley del mínimo esfuerzo en salud, buscando que nuestros vecinos y vecinas, cansados de esperar remedios y atención, terminaran recurriendo al sistema privado, pavimentando el camino al surgimiento de innumerables clínicas privadas, cuando no se inició un camino de una privatización encubierta de la infraestructura municipal.

En otro ámbito de la misma política, los permisos de utilización de los bienes nacionales de uso público, que tienen carácter eminentemente precario y deben ser destinados a fines asistenciales, fueron entregados, en no pocas oportunidades, a mezquinos intereses privados, a familias amigas o a clientes políticos para que lucraran a cambio de apoyo electoral, mientras otros tantos recoletanos y recoletanas se mantenían por años en listas de espera que nunca corrían, con la esperanza de una oportunidad para salir de la pobreza y poder dar un salto hacia la formalización económica.

En este caso, tres son los ejemplos más elocuentes de esta utilización de los bienes públicos en favor de intereses privados.

El primero de ellos es la concesión, por espacio de 35 años, de la superficie y del subsuelo de la comuna para estacionamientos con fines de lucro en vastos sectores comerciales de la comuna, con un evidente impacto negativo sobre los residentes, comerciantes y visitantes de la misma, sin considerar que de las fantásticas utilidades que esta concesión genera, solo una mínima parte va en beneficio de las arcas municipales y por tanto de las necesidades de las y los recoletanos.

De hecho los residentes ni siquiera poseen la garantía de poder estacionarse fuera de sus casas y para hacerlo, como lo hicieron siempre antes, deben pagar altas sumas de dinero a este nuevo dueño de nuestras calles. Lo mismo sufren los comerciantes y visitantes que hoy se ven sometidos a pagar uno de los valores más caros de estacionamientos de la Región Metropolitana de Santiago, para venir a trabajar o a comprar a un barrio que se conoce por su inmejorable relación entre precio y calidad de los bienes ofrecidos.

Cabe destacar que la concesionaria ni siquiera se hace cargo de la seguridad de quienes se estacionan en los espacios concesionados, ni de la limpieza del lugar en donde desarrolla su actividad lucrativa. Tampoco se preocupa de la mantención del bien que le genera tremendas utilidades y que sufre de un deterioro galopante.

Y como si esto fuera poco, tampoco ofrece a sus trabajadores las mínimas condiciones indispensables para desarrollar su labor de manera digna. De hecho no poseen baños, ni comedores, ni lugares de descanso, para jornadas que se acercan a las 12 horas diarias.

El segundo ejemplo, es la entrega de permisos para fines comerciales en el Mercado Tirso de Molina a una familia completa encabezada por una mujer, incluidas su primera y su segunda relación de pareja, con los hijos de ambas relaciones y con varios de los nietos de las mismas, llegando a tener más de 20 locales concentrados en una sola familia, varios de los cuales son arrendados a terceros, mientras otros son administrados por uno solo de los titulares, lo que por ordenanza local esta tajantemente prohibido.

Por último, la entrega de un permiso precario a la Universidad San Sebastián, para utilizar una importante faja del bien nacional de uso público tanto en su superficie como en el subsuelo de la misma, para la instalación permanente de una rampa de acceso a los estacionamientos subterráneos de la universidad, en donde hoy se desarrolla una actividad con fines de lucro a pesar de que en la misma ordenanza los permisos precarios están definidos para fines asistenciales y su carácter de precario obviamente no considera actividades ni inversiones de tipo permanente como la mencionada.

En el decreto que entrega el mencionado permiso, cuya naturaleza jurídica es, a lo menos, discutible, la autoridad intenta renunciar, valga la redundancia, al derecho irrenunciable de exigir de vuelta el bien nacional y ni siquiera existen los resguardos necesarios para la restitución del mismo en su estado original.

Como si no bastara, el pago que efectúa la universidad por este “beneficio social” es sólo una parte insignificante de lo que debiera pagar, si es que nuestra municipalidad decidiera, eventualmente, mantener el mismo bajo un formato apegado a la letra y al espíritu de las leyes.

Algo similar se implementó con los comodatos de las sedes sociales y las canchas, algunas de las cuales fueron, en los hechos, privatizadas en manos de dirigentes inescrupulosos que cobrando arriendo −con la excusa de mantener los gastos básicos de cada comodato−, privaron a los más necesitados de su uso y terminaron adueñándose y utilizando los mismos en beneficio personal sin jamás dar cuenta de lo que se hacía con los dineros que recibían.

En resumen, la UDI, en los años que estuvo en nuestra comuna desarrolló una política basada en el clientelismo bajo la forma de tejer una red de intereses privados sobre los bienes públicos de la comuna y eso es exactamente lo que en este periodo trataremos de revertir.

Tenemos la certeza de contar para ello con el apoyo irrestricto de nuestra comunidad que en estos pocos meses se ha ido dando cuenta de cuales eran y siguen siendo los verdaderos intereses que los representantes de la UDI en la comuna vinieron a representar.

Publicado en Cooperativa