Derecho a la educación

El viernes pasado en Recoleta, un sostenedor particular subvencionado, de larga presencia en la comuna, decidió dar por finalizada su aventura empresarial y sin mediar aviso ni discusión con la comunidad educativa, compuesta por alumnos, profesores, asistentes, padres y apoderados, decidió cerrar el colegio en donde estudiaban más de setecientos alumnos, dejando el derecho a la educación de nuestros jóvenes y niños en la más absoluta indefensión y al conjunto de las familias comprometidas, en una compleja situación.

Una vez más queda de manifiesto lo errado de pensar que un derecho social básico pueda ser asumido por entes privados, cuya principal preocupación es el lucro y las utilidades y no el importante rol que la sociedad toda les ha encomendado, por lo que resulta urgente realizar profundas transformaciones al marco de funcionamiento de la educación en nuestro país.

Ante esta dura realidad, la respuesta de nuestra alcaldía ha sido tajante.

Estamos dispuestos como municipalidad a hacernos cargo del colegio e incorporarlo al sistema municipal como paso preparatorio para avanzar en el objetivo de poner fin al lucro y construcción de un sistema de educación pública, de carácter gratuito y que asegure la calidad, poniendo al centro de la discusión la dignidad del ser humano, la valoración de la diversidad y la construcción de comunidad.

Esperamos que el gobierno actual esté a la altura del desafío que el conjunto de nuestra sociedad y este caso particular nos pone por delante y que sepamos, como verdaderos socios estratégicos, dar adecuada respuesta a una demanda legítima de las familias de nuestra comuna con un enfoque basado en los derechos sociales y no en el mercado, que una vez más ha demostrado su absoluta incapacidad para asumir con la seriedad que se requiere el derecho a la educación en Chile.

La primera posibilidad para ello es que el Ministerio aporte los fondos necesarios para comprar el colegio en cuestión, traspasándolo a la municipalidad de Recoleta.La segunda es que entregue el mismo bajo la figura de administración delegada a nuestro gobierno local mientras se resuelve el tema de la propiedad del edificio en donde el colegio funciona.

Si ninguna de estas posibilidades se materializa, sepa la comunidad toda que nuestra administración municipal, comprometida de manera absoluta con el derecho a la educación, ha tomado todas las medidas para acoger en los colegios municipales a todos los alumnos que han sido lanzados a la calle, realizando todos los esfuerzos necesarios para asegurar una educación pública, gratuita y de calidad para nuestra comunidad.

La voluntad política de nuestra administración es clara y sabemos responsablemente que recursos existen, lo que falta es que se manifieste el compromiso del gobierno para dar solución a nuestras familias.

Daniel Jadue
Publicado por Cooperativa