¿Por qué es conveniente la farmacia popular?

Una red de farmacias municipales, al estilo de la “Farmacia Popular Ricardo Silva Soto” de Recoleta, resulta no solo conveniente sino más bien un imperativo ético y moral, que permite resolver problemas fundamentales, que aquella entelequia conocida como “el mercado” no le interesa resolver y mucho menos explicar.

Ya lo decía el padre del Capitalismo, Adam Smith, cuando planteaba en su libro “la Riqueza de las Naciones”, que el mercado nunca debía intervenir en áreas sensibles como educación, salud y defensa, debido precisamente a los problemas éticos y morales que ello podría representar.

En el caso particular de nuestro país, el mercado no puede ni podrá explicar, por ejemplo, por qué 54 comunas de Chile no cuentan en sus territorios con una farmacia. Tampoco podrá explicar por qué cientos de miles de personas no pueden acceder a los medicamentos para tratar sus enfermedades, sencillamente porque no les alcanza. Tampoco podrá explicar lo más reprochable, por qué un medicamento puede costar en el punto final de venta, veinte o treinta veces su valor, y por qué un conjunto de intermediarios, quizás relacionados con las mismas cadenas de farmacias, obtienen un lucro desmedido e inaceptable mientras muchos de nuestros niños y niñas, jóvenes, adultos y personas mayores mueren, añorando un tratamiento que les pudiera haber salvado o mejorado su calidad de vida.

La respuesta es una y muy simple… Al mercado no le interesa la salud de las personas y por lo tanto no opera en esos lugares o en aquellos casos donde no se le asegure la rentabilidad esperada.

Lo anterior, pese a que discursivamente todos coincidirán en que nadie debe ni sufrir más de lo necesario ni acortar su expectativa de vida por falta de dinero, ya que la salud debiera ser un derecho social de carácter universal. En este punto es importante destacar que uno finalmente es lo que hace… no solo lo que dice.

En este contexto, el Estado y muy particularmente las municipalidades no pueden seguir aceptando con silencio cómplice, que el mercado transforme el dolor y la enfermedad en un negocio, en vez de hacer todos los esfuerzos para asegurar el derecho a la salud de toda la población.

Dentro de ese derecho nadie puede eludir el deber ético y moral de poner a disposición de toda la sociedad los medicamentos e insumos médicos a precio justo, como un paso esencial en la dirección de asegurar constitucionalmente (…discusión que viene…) el derecho a la salud sin distinciones de ningún tipo.

Para muestra un botón. La Municipalidad de San Pedro, en la V Región, no posee ninguna farmacia en su territorio. Por lo tanto, las personas que requieren de un medicamento tan común como el Eutirox, deben viajar fuera de la comuna, pagando seis mil pesos adicionales en transporte, para acceder a 50 dosis que pueden costar entre seis mil y nueve mil pesos. Es decir, 50 dosis de Eutirox le cuestan a cualquier habitante de San Pedro, entre 12 y 15 mil pesos, a pesar de que su costo original -que es el valor que podría llegar a traspasar las farmacias populares o municipales- no llega a los mil pesos, las 100 dosis del mismo medicamento y sin salir de su comuna.

Este ejemplo indica que las farmacias comunales ya no son solamente una posibilidad, sino un imperativo ético y moral para una sociedad que debe aprender a poner al centro lo verdaderamente relevante. En este sentido, si consideramos que más del 90% de los medicamentos que tomaremos en nuestras vidas, lo haremos después de los 60 años, que es cuando estemos más solos, con menos recursos y con crecientes problemas de movilidad.

¡Simple y claro! Hay quienes en los próximos días optarán por preocuparse de la salud del mercado y de las empresas. Nosotros en Recoleta optamos hace rato por ocuparnos de la salud de las personas.

Daniel Jadue