¿Tiempos mejores para el Transantiago?

Aunque muchos no logren percibirlo, ya parece haber terminado la luna de miel de instalación del nuevo gobierno y empiezan a evidenciarse los mismos errores garrafales que caracterizaron a la primera administración de la derecha en nuestro país, luego del término formal de la dictadura cívico militar.

Sin siquiera evaluar las propuestas existentes, el Gobierno ha decidido declarar desierta la licitación en curso para renovar los contratos del Transantiago, minando de paso la tan manoseada  certeza jurídica y tirando por la borda años de trabajo que pretendían aprovechar la primera oportunidad en más de 8 años, de imprimirle competencia al sistema para obtener, como se hizo con la energía en el gobierno anterior, un mejor servicio a un menor precio.

Lo anterior se da en un contexto de posible conflicto de intereses de la actual ministra quien ante denuncias de negociación incompatible declara no haber asesorado a una de las empresas participantes en la licitación a pesar de que en la misma declaración, reconoce que forma parte del Consejo Asesor permanente de la misma empresa que dice no haber asesorado. Por otro lado, si no asesoró a la empresa, sería bueno que la Ministra aclarara si alguna vez  se reunió o no, en dependencias del Transantiago, acompañando a ejecutivos de TurBus, con los encargados de la licitación y si eso sucedió, en calidad de qué participó.

Es importante aclarar lo anterior, porque cabe recordar aquí, que la actual ministra de Transportes fue Subsecretaria de la misma cartera durante todo el primer gobierno del Presidente Piñera, luego de lo cual se transformó en miembro del Consejo Asesor de la Empresa aludida.

Es importante también recordar que durante ese primer gobierno,  correspondía la renovación mediante licitación de la mitad de los contratos del Transantiago y que por decisión del mismo Presidente, se detuvo la licitación y pese a que se comprometieron a realizarla en el plazo de un año jamás se realizó.

No olvidemos que el camino tomado en ese entonces, fue el de aprobar una ley especial, a medida de sus propias incapacidades para terminar extendiendo los contratos existentes, mediante negociaciones privadas con 7 de las cerca de 15 empresas que existían en ese momento, disminuyendo la competencia, promoviendo la concentración en grandes empresas y sin incorporar mejoras significativas en el servicio a los usuarios, como lo han podido comprobar los cientos de miles de pasajeros que a diario sufren las deficiencias del sistema.

Además tuvieron que pagar indemnizaciones millonarias a las empresas que les revocaron los contratos, con dinero de todos los chilenos y chilenas.

Ahora bien, más allá de todos los antecedentes que lamentablemente tienden un manto de duda sobre esta decisión, es importante que la ciudadanía sepa qué es lo que se perderá con la misma, en mejoras concretas sobre el servicio que la nueva licitación contemplaba.

Lo primero, es que esta licitación incorporaba 19 recorridos nuevos que venían a  suplir la falta de cobertura y el abandono de algunos barrios por el deficiente y poco participativo diseño original, los que se establecieron mediante procesos participativos con las comunas involucradas.

Lo segundo, es que era la primera vez que se le imprimiría al sistema la competencia tan querida por la derecha, lo que habría permitido transparentar y bajar los costos, presionado sobre todo por la llegada de actores internacionales que obligarían a algunos de los grandes empresarios locales, tan proclives a la colusión.

Además, la nueva licitación exigía nuevas tecnologías, obligando a los participantes a la renovación de cerca del 50% de la flota y con el requerimiento de incorporar buses eléctricos y de alto estándar en al menos el 5% de la misma.

En este contexto y tomando en cuenta la experiencia de gestión del primer gobierno del presidente Piñera, cabe preguntar cuáles son las verdaderas razones  que llevaron a tomar una decisión que condena a extender el sufrimiento de quienes son usuarios del Transantiago, sin siquiera tener un horizonte claro sobre qué mejoras se pretenden hacer y en qué plazos estas pueden estar listas, ya que se ha declarado que una licitación preparada en más de dos años parecía improvisada, pero, al mismo tiempo, se dice que se tomarán un año para levantar una nueva licitación.

Es de esperar que no se termine de nuevo negociando con conocidos, de espaldas a la ciudadanía, concentrando aún más la oferta y extendiendo los contratos sin competencia ni mejoras significativas, como ya lo hicieron una vez.

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