Menos contribuciones, un regalo para quienes tienen más

El pasado 11 de marzo, el presidente Sebastián Piñera realizaba, desde el balcón del palacio presidencial, el primer discurso de su segundo mandato, llamando al diálogo, a la unidad nacional y a cambiar el rostro del gobierno, lo que -a su juicio- se lograría, fundamentalmente, acercándolo a la ciudadanía.

Entre las muchas medidas que planteaba para ello, destacaba el pago de una deuda histórica con los gobiernos locales y regionales: la transferencia de mayores recursos, atribuciones y responsabilidades, advirtiendo al mismo tiempo, que se les exigiría mucha mayor gestión, una mayor transparencia y una participación más activa de los ciudadanos y vecinos en la toma de decisiones. Esto genero una serie de expectativas que se resumen en el anhelo histórico de que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, tengamos, al menos para el Estado, el mismo valor, representado este en un per cápita municipal más parejo, que permita a los municipios asumir en igualdad de condiciones las tareas que nos corresponden.

Quizá sea oportuno informar a quienes no lo saben, que mientras algunos municipios como Las Condes y Providencia, poseen cerca o más de un millón de pesos por habitante al año, otros como Alhue, también de la RM, no llegan a los noventa mil pesos, y la gran mayoría no alcanzamos a los doscientos mil, lo que constituye no solo un escándalo, sino que además representa el obstáculo más importante para construir una sociedad más justa, democrática y equitativa.

Todo iba bien hasta que los municipios nos hemos enterado de forma inconsulta y sin diálogo alguno, que Piñera ha decidido dejar sin efecto el reajuste de contribuciones programado para el presente año, el cual aportaría un incremento significativo de recursos a los municipios más pobres del país, a través del Fondo Común Municipal.

Lo anterior sucede en un contexto en que una parte importante de los gobiernos locales, se encuentran ya en serios problemas financieros y económicos, por el traspaso histórico de nuevas responsabilidades, sin acompañar los recursos necesarios para enfrentar las mismas, lo que se repite hoy con un incremento de gasto en salarios que nos significará la nueva ley de plantas, que aunque no discutimos su justicia, si cuestionamos la forma de su implementación.

Cabe destacar también que el re avalúo de 2018 consideraba más de 6,6 millones de bienes raíces no agrícolas, de los cuales el 75% corresponde a bienes habitacionales, y el 25% restante a propiedades destinadas a comercio, bodegas o estacionamientos, en un contexto en el que el 60% de los bienes raíces no agrícolas están exentos del pago de contribuciones. La tasa anual de este impuesto es de 0,98% cuando el avalúo es igual o menor a M$79.981 y sobre la parte que excede a dicho monto se aplica la tasa del 1,143%.

Los bienes raíces no agrícolas destinados a uso habitacional, hasta un avalúo de M$33.000, están exentos del pago de contribuciones a partir del presente año (el monto anterior era de M$22.754) y la primera cuota que vencía en abril próximo, incorporaba los nuevos valores de avalúos, lo que se estimaba podría haber reportado un M$50.000 adicionales en el presente año. Dato no menor si consideramos que los ingresos de los municipios en Chile dependen, en promedio, cerca de un 41% del Fondo Común Municipal, habiendo municipios que son contribuyentes netos y otros, los más pobres entre los pobres, receptores netos, es decir, dependen completamente de dicho Fondo. Es decir, en menos de un mes de asumido el nuevo gobierno, ha dejado sin efecto uno de sus anuncios de entrada, ha tirado por la borda una vez más el llamado al diálogo y vuelve a transitar por el camino de profundizar las insoportables asimetrías que los municipios más pobres del país tenemos que sobrellevar en un país en donde la forma de financiarse solo reproduce y profundiza las enormes diferencias sociales en un país en que, evidentemente, los ciudadanos y ciudadanas no tenemos para el Estado, el mismo valor o mejor dicho, la misma dignidad.

Es importante destacar que casi el 80% de las propiedades existentes en nuestro país no pagan contribuciones y que la mayor parte de aquellas que no pagan, se concentran en comunas que tampoco generan mayores ingresos por la vía de patentes y otros derechos y que el reajuste planteado, solo afectaba de manera marginal, a las propiedades de más alto valor; y por si fuera poco, para hablar en el lenguaje que más le gusta a la derecha, según la OCDE y el CEP, las contribuciones son, entre todos los impuestos, el más difícil de evadir y el menos dañino para el crecimiento económico, que tanto le importa a la derecha.

Cabe destacar que las contribuciones de bienes raíces son uno de los pocos, sino el único mecanismo idóneo para intentar revertir, en algo, la segregación urbana, en tanto tiene el potencial de captar, por un lado, las plusvalías y las minusvalías de los barrios; y por otro, ser un impuesto de beneficio municipal que contribuye al financiamiento de bienes públicos locales. En síntesis, esta medida avanza justamente en el sentido contrario de las recomendaciones más consensuadas en términos de aumentar la cantidad de recursos de libre disposición a los municipios de menores recursos, como una forma de palear las desigualdades y viene solo a profundizar el círculo vicioso de la concentración de la riqueza del que nuestro país no parece escapar, no al menos con gobiernos como el actual.

También nos aleja de los promedios de la OCDE, ya que las contribuciones se enmarcan dentro de la familia de los impuestos al patrimonio que suelen ser los que más aportan al combate de la desigualdad y se ubican en nuestro país, en torno al 4% del PIB, mientras que en el resto de los países, el promedio se ubica en torno al 5.4%, sin contar allí son significativamente más altos los impuestos a la herencia y a la riqueza (este último en nuestro país no existe), lo que eleva el peso de los mismo a cerca del 7,5%.

En consideración de lo anterior, aparece como prudente eliminar la facultad que otorga la ley de reducir la tasa del impuesto cuando, por la aplicación de un revalúo, el giro anual de contribuciones aumenta en más de 10%, ya que no parece razonable que los gobiernos locales deban experimentar una merma de recursos por esta razón.

Resulta evidente entonces, que esta medida es un regalo a los que más tienen, perjudicando a los municipios más vulnerables del país, lo que al parecer viene a confirmar que los tiempos mejores, serán solo para los grandes empresarios y para los sectores más conservadores de nuestra sociedad, quienes desde el primer día de esta segunda administración de Piñera han visto reflejados de manera nítida y sin dobleces, sus propios intereses.

Fuente: TheClinic.cl

 

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