La letra chica en los proyectos del gobierno

En los últimos días los alcaldes de Chile hemos tomado conocimiento de la aprobación de una ley que impactará negativamente nuestra gestión y que lamentablemente seguirá acrecentando la inequidad territorial de nuestro país.

Me refiero a la Ley N° 21.111 que modifica la N° 8.496 en lo que se refiere a los permisos para pavimentaciones provisorias y de emergencia, eliminando la exigencia de aprobación de un proyecto, así como la inspección y posterior certificación y recepción de la obras por parte de los SERVIU regionales tanto en aceras como calzadas y ciclo vías. Esto, con el objeto de mantener la circulación por dichas vías en condiciones que no representen riesgo para las personas, vehículos o bienes.

Como una profecía auto cumplida, una vez más, tanto la iniciativa del Gobierno como la discusión parlamentaria, entrega mayores responsabilidades a los Municipios, pero sin adjuntar los recursos necesarios para llevar a cabo las mismas, por lo que, con toda seguridad, esta ley no tendrá los efectos esperados en la mayor parte de nuestras ciudades.

Claramente, la aprobación de esta ley surge como una respuesta a la repercusión pública  que genera el deficitario estado de los pavimentos en nuestras ciudades, por lo que inmediatamente algunos medios de comunicación salieron a titular en grande que los municipios ya no tenemos excusas, puesto que, de ahora en adelante, tenemos el derecho a hacer reparaciones de mantención de calles sin tener que pasar por el tramite casi infinito de tener que solicitar aprobación técnica al nivel regional.

Hoy afortunadamente podríamos, en lo formal, saltarnos ese paso y nuestras comunas podrían avanzar mucho más rápido en una de las demandas más sentidas por los automovilistas y peatones, el arreglo de calles y veredas, salvo por un detalle no menor: el 95% de las municipalidades no tenemos los recursos para hacerlo y en el presupuesto anual de la nación, los dineros destinados a estas tareas siguen estando alojados en el nivel regional.

Así las cosas, la gran mayoría de los municipios tendremos que seguir esperando a conseguir recursos que no tenemos, peregrinando y mendigando en el nivel regional el financiamiento que debiera estar asegurado, si es que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país fuésemos iguales ante la ley, pues mientras unos pocos, no más de cinco o diez municipios de los 345, podrán seguir disfrutando de tener sus barrios en impecables condiciones.

Una vez más, la letra chica de los proyectos del gobierno lograrán deslindar su responsabilidad en los Alcaldes, sin darles la más mínima posibilidad de cumplir con la ley, salvo que en la ley de presupuesto 2019 se genere una Glosa Presupuestaria que asigne recursos a los municipios para evitar que la ley recientemente aprobada nazca, como tantas otras, completamente muerta e impotente.

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