El gobierno, ayer y hoy con todo contra manifestantes de la revuelta

Persisten los antecedentes y señales de que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera fue y va con todo contra los manifestantes de la revuelta social, mientras se ordenó la prisión preventiva de un capitán de Ejército por el asesinato de un joven durante movilizaciones. Este día, el mandatario adelantó que vetará el proyecto de indulto a los presos políticos de la revuelta social presentado en el Senado y respaldo por diversidad de legisladores, mientras se conoció la declaración del ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien reconoció que el gobierno, en medio de las movilizaciones ciudadanas, le pidió a Carabineros que aumentara la dotación de personal y los recursos materiales represivos para contener y atacar a quienes se manifestaban a lo largo del país.

SP con todo contra presos políticos de la revuelta social

Enojado e intransigente, parado en medio de un patio de La Moneda, Sebastián Piñera adelantó que vetará el proyecto de indulto de cientos de jóvenes y adultos que permanecen en diversas cárceles del país, detenidos por su participación en la revuelta social del año pasado. “Nuestro gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición con el proyecto de indulto general, y anticipa que en caso que el proyecto avance y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación, porque consideramos que es un mal proyecto y que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el estado de derecho”.

En la línea de criminalizar a todos los detenidos durante las movilizaciones populares, el mandatario apuntó a que “entre los delitos que se pretende indultar, se incluyen delitos tan graves como el homicidio frustrado, el tráfico de armas, la tenencia ilegal de armamento bélico, el incendio, el uso de bombas molotov, los saqueos, los atentados al Metro y al transporte público, las lesiones graves a Carabineros y muchos más”.

El proyecto de ley que busca indultar a los presos del estallido social, fue anunciado la semana pasada por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, junto al senador Juan Ignacio Latorre, Yasna Provoste, Isabel Allende y Alejandro Navarro.

Latorre, al conocer la postura de Piñera, dijo que no es “nada nuevo viniendo del Presidente Piñera, él se ha acostumbrado a ser más bien parte del problema y no de la solución, nos tiene acostumbrados al Congreso con amenazas de veto y de recurrir al TC (Tribunal Constitucional). Nada nuevo en la gestión de Piñera”.

La diputada y abogada de derechos humanos, Carmen Hertz, declaró que “Piñera al amenazar con vetar el proyecto de ley de indulto general a los presos políticos de la revuelta, una vez más está amenazando al pueblo chileno, una vez más está amenazando al Congreso Nacional, una vez más está amenazando con cercenar las facultades legislativas del Parlamento, una vez más exhibe su talante autoritario y su incapacidad para la gobernabilidad de este país, en una profunda crisis política”.

Blumel reconoció que gobierno pidió más a Carabineros para reprimir la protesta

En el contexto del rechazo del Presidente Piñera al indulto de presos políticos de la revuelta y la continuidad de su discurso de criminalización de los manifestantes, se supo este día que el ex ministro del Interior de este gobierno, Gonzalo Blumel, reconoció que desde La Moneda se le pidió a Carabineros reforzarse para reprimir la movilización social en todo el país.

Blumel sostuvo que se solicitó “aumentar el personal operativo” y confesó “de acuerdo a ello Carabineros adelantó el egreso del personal operativo de sus escuelas de formación”.

Además, el ex ministro de Piñera, declaró que ocurrió “lo mismo respecto de la adquisición de carros lanza agua, vehículos de reacción táctica, capacitación, reentrenamiento, etc.”, para enfrentar la protesta social y ciudadana.

Las afirmaciones la hizo Gonzalo Blumel ante la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y el persecutor Claudio Rebeco, quienes tienen en sus manos la investigación por delitos de lesa humanidad tras estallido social, en contra, precisamente, de Sebastián Piñera, el también ex ministro del Interior, Andrés Chadwick y el ex general director de Carabineros, Mario Rozas.

También, de manera tácita, el ex titular de Interior tuvo que reconocer que el mandatario tuvo responsabilidades en las actuaciones de la policía uniformada contra manifestantes. “El Presidente como Jefe de Estado obviamente sostuvo reuniones con el alto mando para reforzar los mismos lineamientos: recuperar el orden público con apego a los protocolos y respeto a los derechos individuales”. Claro que para evitar establecer explícitamente la responsabilidad política e institucional del Presidente en las violaciones a los derechos humanos e incumplimientos de protocolos de Carabineros, Blumel planteó que de parte de Piñera “no hubo intervención en el diseño de las estrategias de control de orden público, porque le insisto que es un tema de competencia técnica de las policías. Solo reuniones de coordinación”.

Ante la consulta de si desde La Moneda las altas autoridades consideraron o evaluaron lo que estaba haciendo Carabineros contra los manifestantes, el ex ministro de Interior respondió que “esa evaluación se hizo entre el ministro del Interior, el subsecretario del Interior y se hizo una propuesta al Presidente de la República para introducir cambios en dos áreas neurálgicas: Fuerzas Especiales e Inteligencia. De hecho, el 11 de diciembre de 2019, anuncié el cambio de estructura de funcionamiento de FF.EE. que dependía del general Jorge Ávila y el general Rodrigo Ramos, director de Planificación y Desarrollo, que tenía a cargo la inteligencia de Carabineros, dos áreas sensibles en el contexto del estallido social. Además, pasaron a retiro otros dos generales por otras circunstancias”.

Lo anterior, fue considerado en círculos judiciales y de organismos de derechos humanos como un implícito reconocimiento de que la policía uniformada estaba actuando de manera indebida.

Capitán en prisión por asesinato de joven ecuatoriano

En tanto, y como otra prueba del actuar represivo de agentes del Estado en contra de ciudadanos, en la prensa de indicó que un Tribunal judicial decretó la prisión preventiva en contra del capitán del Ejército, José Faúndez Sepúlveda, formalizado por homicidio y violencia innecesaria contra del joven Romario Veloz, en el marco de las manifestaciones del estallido social en La Serena.

El joven fue asesinado cuando integrantes de la patrulla militar al mando de Faúndez le disparó. También quedaron con lesiones graves Rolando Robledo y César Veliz. La Fiscalía determinó que el capitán hoy formalizado, dio la orden de disparar en dos ocasiones en contra de los jóvenes.

“El capitán instruye a los conscriptos y soldados profesionales. Se da una primera orden de disparo. Se realizó a través de un ademán. Estaba dando instrucciones con su mano y si algo se extrae de estos registros visuales, él no portaba arma, sólo daba instrucciones”, se indicó en el proceso. Se apuntó que “luego, él habría dado una segunda orden de fuego, la que tuvo como consecuencia que resultara herido la víctima Romario Veloz, quien falleció en el lugar”.

Como una nueva demostración de la actuación irregular y de evitar el debido proceso y asumir responsabilidades, de parte de los miembros del Ejército y de Carabineros, se determinó que los uniformados que realizaron los disparos, recogieron los casquillos luego de percutar sus armas para eludir cualquier diligencia.

Fuente: ElSiglo.cl

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