Hablemos de la Tele. Represión legitimada

Los luctuosos sucesos acaecidos en Panguipulli, que costaron la vida al joven artista callejero Francisco Martínez Romero (27) y la destrucción de la sede municipal y otras reparticiones públicas de esa ciudad en la región de Los Ríos, fueron transmitidos y comentados en los canales de televisión «según el cristal» con que se miran en Chile estos hechos y convertidos en una suerte de «represión legitimada».

Lectores de noticias, animadores de matinales y panelistas de diversos programas de opinión calificaron irresponsablemente estos hechos como «incidentes», pese a que está claro que se trató de un homicidio «simple»    (por ahora, según la fiscalía), ante la pasividad e indolencia del ministerio público que no quiere proceder -una vez más- contra Carabineros.

Después del crimen a plena luz del día y en el centro de la ciudad lacustre, enardecidos manifestantes las emprendieron primero contra el cuartel policial de donde salieron los tres uniformados que participaron en la balacera y, al encontrar resistencia se dirigieron hacia el edificio de la Municipalidad, desatando una serie de incendios que terminaron con su destrucción total y de otras dependencias públicas.

El alcalde Rodrigo Valdivia (PS) acusó a Carabineros de no resguardar la sede edilicia y a su vez, fustigó a los autores del ataque incendiario, lo que contribuyó a enfurecer aún más a los manifestantes. Asimismo, en todo Chile se produjeron actos de protesta contra este nuevo asesinato de un joven por parte de la policía.

La televisión intentó inútilmente minimizar los hechos, pretendiendo convencer que la víctima había atacado con «machetes» al autor de siete disparos a mansalva. El respectivo control de detención del cabo Juan González Iturra y su formalización fueron transmitidos parcialmente por el canal del Poder Judicial con los cortes y censuras ordenadas por el magistrado instructor, obviamente para proteger al autor de los disparos.

Con toda propiedad, el Colegio Nacional de Periodistas de Chile llamó oportuna y diligentemente a insistir en la necesidad de una «cobertura ética» de los hechos, subrayando que no se trató -como informaban los medios hasta entonces de «un confuso incidente», ni menos de un «enfrentamiento». Agregó que «los medios deben procurar rigurosidad frente a hechos que conmocionan a la opinión pública».

A la espera de las decisiones del ministerio público es preciso atenerse a los porfiados hechos, los testimonios directos irrefutables que demuestran que no hubo proporcionalidad en los medios letales utilizados por el carabinero en cuestión que disparó seis veces contra la víctima prácticamente desarmada, si se demuestra que los supuestos «machetes» no eran más que utilería para realizar malabarismo en las esquinas céntricas de Panguipulli.

Vastos sectores ciudadanos -ignorados por la mayoría de los medios de comunicación- han rechazado el uso criminal y abusivo de procedimientos por parte de Carabineros que criminalizan la lucha social. No faltan los voces -acalladas en la TV- que exigen la refundación de la institución policial uniformada, cada vez más deslegitimada por su accionar autonomizado y se demanda una intervención civil responsable, más allá del ministerio del Interior.

Posterior a los sucesos de Panguipulli, en la comuna Pedro Aguirre Cerda fue encontrado muerto en un calabozo de la 51a. Comisaría, el joven Camilo Miyaki Salinas, lo que fue calificado a priori de suicidio pese a que el Observatorio Nacional de DDHH apuntó como «extrañas circunstancias» de su deceso.

Los canales están conscientes de que la actual institucionalidad y el gobierno de Piñera son más proclives a la represión que a escuchar a la ciudadanía y estos últimos crímenes debería convertirse en un símbolo del fin de un sistema policial que viola sistemáticamente los derechos humanos, como lo demuestran los videos ciudadanos hechos llegar a los distintos canales y manipulados a su antojo por las líneas editoriales de estos medios. La calle exige fin a la represión legitimada.

Fuente: ElSiglo.cl

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