Artículo de “Mémorie des luttes” sobre gestión de Jadue y Centro Simon Wiesenthal

¡Un aumento de 4 pesos (30 céntimos de euro) en el precio del billete de metro! Esto es, en una versión simplificada, lo que provoca la explosión social, en Santiago de Chile, el 18 de octubre de 2019. Si ampliamos el análisis, deducimos que la revuelta se debe a la política neoliberal del presidente Sebastián Piñera y también a la desconexión de las “élites” y de la clase política ante una cotidianidad insoportable para muy amplios sectores de la población.

En una semana, Chile se incendia (en el sentido figurado de la palabra). El 25 de octubre, en la capital Santiago, 1,2 millones de personas marchan por las calles de la icónica Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad. Una mezcla de ceguera obtusa y terquedad en el error, el gobierno no se toma en serio el movimiento. La huelga general del 4 de noviembre vuelve a poner la mirada en la cara de los agujeros. Esta vez, Chile está en llamas (literalmente). Liderada por los carabineros, la represión cae encima. Feroz, desproporcionada. A mediados de enero de 2020 habrá (al menos) 27 muertos, 3.650 heridos (incluidas 405 víctimas de lesiones oculares), 22.000 detenciones. Se trata de la mayor rebelión social desde las “protestas” de 1983-1985 contra la dictadura del general Augusto Pinochet (1). Entre dos manifestaciones, y más que en otros lugares, en los ayuntamientos autoconvocados, se discute mucho sobre la necesidad de transformar el modelo político y económico. Surge una demanda: la sustitución de la Constitución votada en 1980, en medio de una dictadura (1973-1990), bajo estado de sitio y bajo el control de los Chicago Boys (2). Esta camisa de fuerza limita severamente la acción del Estado en salud, educación, pensiones, seguridad social, gestión del agua (por nombrar solo estos sectores), que se dejan en manos de la actividad privada.

Puesto en dificultad por la escala de una rebelión que no logra controlar, el gobierno debe rendirse a regañadientes. El 15 de noviembre de 2019 finaliza una sesión maratónica del Congreso con el anuncio de un “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. El proceso de referéndum se llevará a cabo el 25 de octubre de 2020. Se harán dos preguntas a los chilenos: 1) ¿quieres una nueva Constitución? 2) si es así, ¿quiere que esta Constitución sea redactada por una Convención mixta (compuesta por un 50% de parlamentarios y un 50% de ciudadanos) o por una Convención Constitucional (compuesta solo por ciudadanos)? El 25 de octubre inflige un desaire a Piñera ya la derecha que apoyó el “rechazo” para la redacción de una nueva Constitución. El “apruebo” (“yo apruebo”) obtuvo el 78,27% de los votos. Para gran disgusto de los parlamentarios, todas las tendencias combinadas, que la habían convertido en su opción preferida, una Convención mixta (que los habría incluido automáticamente por la mitad) fue rechazada enérgicamente (21% de los votos) a favor de una Convención Constitucional (79 %) (3). Sobre una base paritaria -tantos hombres como mujeres-, y con diecisiete escaños reservados para los pueblos indígenas (mapuche, aymara, rapanui, quechua, etc.), la elección de los 155 constituyentes se realizará el 11 de abril de 2021, mediante la aplicación el sistema utilizado para la elección de diputados (proporcional, en 28 circunscripciones de tres a ocho representantes) (4). Una vez redactado, el nuevo texto fundamental será sometido a plebiscito de ratificación, con voto obligatorio, en 2022.

Adiós, general!”, canta la multitud jubilosa en la noche de la derrota de los conservadores, cantando uno de los himnos de la oposición a Pinochet…

“¡Un punto de inflexión histórico! ¡La papeleta más importante desde el fin de la dictadura! ¡Chile tendrá una constitución escrita por los ciudadanos!”…De hecho, fue una victoria incuestionable. Pero…En una inspección más detallada, el panorama no es tan entusiasmante como parece. El acuerdo del 15 de noviembre, tanto Chile Vamos, la coalición de derecha pro-Piñera, como la supuesta oposición -centristas de la ex Concertación (Partido Socialista, Democracia Cristiana) y la coalición de centroizquierda denominada Frente Amplio- han cimentado el proceso para que no se les escape. Solo el Partido Comunista y el Partido Humanista no se prestaron al juego.

Después de haber defendido (derecha) o haber aceptado (centro izquierda) el sistema ultraliberal cuando gobernaba, esta clase política, a espaldas de los ciudadanos ha, en efecto, impuesto una camisa de fuerza que impide cualquier cambio radical en la ley fundamental. Primero, dejando de lado el concepto de Asamblea Constituyente (por definición soberana y capaz de elaborar su propio reglamento) en favor de una Convención Constitucional (que no puede asumir funciones no previstas por la Constitución vigente). Esta limitación permitió desde un principio descartar cualquier cuestionamiento de temas tan fundamentales como los tratados internacionales, por definición neoliberales, ratificados por Chile. Por otro lado, se requerirá un quórum de dos tercios de la Convención (en lugar de una mayoría simple) para la aprobación de los artículos que integran el nuevo texto constitucional. Un derecho de veto asegurado para la derecha conservadora, que desde 1990 siempre ha obtenido un número de escaños por encima de este umbral, en todas las elecciones. Para la elección de los constituyentes, estos partidos políticos hegemónicos desde el final de la dictadura están autorizados a presentar sus listas, individualmente o en alianza con otras formaciones.

Por su parte, la sociedad politizada, que los desafía y rechaza, entra en combate sin estructuras, sin financiación, en orden disperso. Según el sitio de análisis político y pronóstico electoral Tresquintos (5), incluyendo los bloques tradicionales y los independientes del movimiento social, se presentan setenta y nueve listas en todo el país (sin mencionar las más de 2.200 personas que lo hacen de manera individual). De ahí a suponer que la tan esperada Convención estará compuesta principalmente por miembros de partidos tradicionales, por definición mejor organizados, solo hay un paso (6). Independientemente de que tal bloqueo de la voluntad popular pueda provocar, en el corto o mediano plazo, reacciones nuevas y violentas de los actores sociales frustrados, la derecha, en este campo, ha anotado un punto. Entre el próximo 11 de abril (elección de constituyentes) y una fecha aún indefinida de 2022 (referéndum destinado a aprobar la nueva Constitución), el 21 de noviembre de 2021 tendrá lugar otra gran consulta: la elección presidencial. Consecuencia de la gigantesca ola de protestas y del desprestigio del aparato político, un recién llegado crea problemas, en las urnas, a Joaquín Lavín (UDI; ministro durante el primer mandato de Piñera) y a otros presuntos candidatos: el comunista Daniel Jadue.

Daniel Jadue

Miembro del comité central del PC, Jadue es, desde el 6 de diciembre de 2012, alcalde de Recoleta (150.000 habitantes), uno de los treinta y siete municipios que conforman el Gran Santiago. Fue en esta ciudad donde, el 15 de octubre de 2015, él estableció la primera Farmacia Popular del país. En este Chile de capitalismo rey, tres grandes cadenas controlan el 90% del mercado: Cruz Verde, asociada a la mexicana Femsa; Farmacias Ahumada, subsidiarias de American Walgreens; y el Salcobrand chileno. Como resultado de esta concentración, el precio de los remedios es superior a los que se practican en Europa, Estados Unidos y otros países de la región (en 1995 y 2008, los tres pulpos en cuestión fueron condenados por colusión). Al comprar a un organismo estatal que provee el sistema público de salud -el Centro Nacional de Abastecimiento (Cenabast)-, negociar directamente con laboratorios e importar medicamentos del exterior, la Farmacia Popular “Ricardo Silva Soto” de Recoleta reduce inmediatamente los precios del 30% al 50%. Sobre la base de este éxito, pronto imitado por más de ciento cincuenta “municipios” (incluyendo a los de derecha), Jadue amplió la iniciativa creando una “Óptica Popular” (abril de 2016), una “Inmobiliaria Popular” (enero de 2018), una “Librería Popular” (enero de 2019), una “Tienda de Discos Popular” (RecoMúsica; abril de 2019) así como una “Universidad Abierta” (noviembre de 2018). Alabado por la gente de Recoleta, este laboratorio de políticas públicas no pasa desapercibido.

Más allá de la modesta influencia del PC, la notoriedad de Jadue creció. Hasta situarlo en lo más alto de las encuestas. Desencadenando muecas de incredulidad: ¿un “rojo” en La Moneda (el palacio presidencial)? ¿En un país donde el ejército derrocó al socialista Salvador Allende y donde el anticomunismo sigue siendo extremadamente fuerte? Interrogado sobre los posibles efectos de una campaña sobre este tema para romper sus posibilidades de éxito, Jadue responde: “Todo lo que venga del poder hoy será rechazado. Cualquier campaña que venga del poder y la dominación, la ultraderecha, la derecha e incluso sectores de la Concertación para intentar convencer a la gente de lo que es bueno…la gente ya no confía en ninguno de ellos. El otro día José Miguel Insulza (PS) declaró que yo no le agradaba como candidato: varias personas respondieron que si me encontraba de su agrado, ¡no gozaría de la confianza de nadie dentro de la población”. (7) Ex-ministro (de 1994 a 2005) del demócrata cristiano Eduardo Frei, luego del centrista (a menudo llamado “socialista”) Ricardo Lagos, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2005 a 2015, senador desde 2018, Insulza no es el único que se preocupa.

La clase dominante pasa a la acción. Con un artículo del diario de derecha La Tercera como detonante, Jadue se ve envuelto en un escándalo conocido como “Luminarias Led”. Durante un llamado a licitación, una empresa, Itelecom, cometió irregularidades en unos 20 municipios del país. Pero da la casualidad de que renovó el alumbrado público de Recoleta. En consecuencia, el Ministerio Público pone en marcha un procedimiento con el pretexto de que “todos los precios de Itelecom tienen un origen irregular y que, en el caso de Recoleta, un funcionario pudo haber estado involucrado en el esquema que organizó la empresa para ganar legalmente las subastas (…)”. Siendo algo el “puede haber”, otra acusación complementa la primera: Itelcom donó 50 millones de pesos (56.000 euros) a la Corporación Cultural de Recoleta para la organización de un evento musical de tres días, el Festival Mundial de Música, Artes Danza (Womad). ¿Soborno, corrupción, retrocomisión? “Me parece absolutamente razonable que una empresa que obtiene ganancias en un municipio como Recoleta, un municipio con recursos limitados, quiera devolver el favor con una donación completamente legal”, reaccionó públicamente Jadue el 10 de enero. De todos modos, la prensa abordó su caso con cierto entusiasmo. Como el caso no avanzaba lo suficientemente rápido para su agrado, tres diputados de Chile Vamos se dirigieron el 25 de enero al III Tribunal de Garantías de Santiago para presentar una denuncia contra el alcalde de Recoleta, insistiendo en su complicidad en el caso Luminarias y preguntando al público fiscal para arrojar luz sobre su participación.

El propósito de la ofensiva es claro y tiene un nombre: “lawfare” (8). Esta estrategia legal y mediática dirigida a instrumentalizar políticamente la justicia para destruir la imagen de un oponente político ya se ha vivido en Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador, por nombrar solo algunos de ellos. Una gran coincidencia: al mismo tiempo estalla una bomba que hace aún más ruido y cuyas ondas se propagan al exterior.

El 29 de diciembre de 2020, desde Los Ángeles (California), el famoso Centro Simon Wiesenthal (CSW) anunció que había colocado a Jadue en el “Top 10 de los peores antisemitas de 2020”. “Jadue, miembro del Partido Comunista, es una figura nacional y se le menciona como un futuro presidente potencial. Al utilizar fondos municipales para financiar actividades pro-BDS (boicot, desinversión, sanciones) y anti-Israel, el alcalde Jadue ataca a la comunidad judía con una calumnia perniciosa que recuerda a los Protocolos de los Sabios de Sión”, especifica, sin entrar en detalles, el expediente de la acusación.

Creado en 1977, con sede en Los Ángeles y oficinas en Nueva York, Chicago, Miami, Toronto, París, Buenos Aires y Jerusalén, el CSW se ha ganado el respeto en el pasado por su caza de criminales de guerra nazis, en fuga o en el exilio. Sin embargo, en los últimos años, sus blancos naturales tendiendo a desaparecer, superados por su edad cada día un poco más canónica, el Centro, con el pretexto de “luchar contra el odio y el racismo”, parece haberse fijado un nuevo objetivo: desacreditar a las personas u organizaciones críticas con el gobierno israelí, presentadas someramente como antisemitas. Algún tiempo antes, de hecho, tras declaraciones muy partidistas de líderes de la comunidad judía chilena sobre el conflicto palestino-israelí, Jadue había reaccionado: “Es un insulto que el Estado de Israel, a través de sus agentes aquí, en Chile, quiera importar el conflicto (…) Los líderes de la comunidad judía de Chile actúan en nombre del Estado de Israel (…) Deben definir si son ciudadanos chilenos”. La polémica crece, Jadue, entrevistado por el diario El Mercurio (8 de noviembre de 2020), “agravará” su caso: “Me llevo muy bien con los judíos; con los sionistas tengo algunos problemas”. Un gran clásico, en general, como lo atestiguó en Francia en diciembre de 2019 una llamada de 127 intelectuales judíos a diputados franceses: “No apoyen la propuesta de resolución que equipare el antisionismo con el antisemitismo” (9).

Pero que adquiere una resonancia muy particular en el contexto chileno. Con entre 15.000 y 20.000 judíos entre su población, Chile también alberga la mayor comunidad de origen palestino fuera del mundo árabe, con más de 350.000 miembros. Pertenecientes a minorías cristianas de Beit Jala, Belén, Beit Sahour, Beit Safafa, estos comenzaron a llegar durante la brutal dominación del Imperio Otomano a principios del siglo XX. Otros siguieron mucho más tarde, después de la anexión de Jerusalén en 1967 o las Intifadas de los años 80 y 90. De un extremo a otro de la escala social, todos han dejado su huella. Los Hirmas, Said, Yarur, Sumar dominan una poderosa industria textil; la familia Said también está al frente de los centros comerciales Parque Arauco; el Banco de Crédito e Inversión, uno de los más grandes del país, fue creado en 1937 por iniciativa de Juan Yarur Lolas; etc…Del lado de la clase trabajadora, el club de fútbol Deportivo Palestino fue fundado en 1920. Profesional desde 1951, ganó el campeonato chileno en 1955 y 1978, la Copa en 1975 y 1977. Es el único equipo en el mundo que usa camiseta en los colores -blanco, verde y rojo- de la bandera palestina. En enero de 2014, su nuevo atuendo causó revuelo: en la parte de atrás de las camisetas, los números “1” habían sido reemplazados por el mapa de Palestina antes de 1948 (y la creación del Estado de Israel) (10).

Deportivo Palestino, 2014

A medida que se desarrollan los acontecimientos, en una u otra dirección, el Medio Oriente invade regularmente a Chile. A principios de agosto de 2014, mientras la Operación “Margen Protector” martirizaba Gaza, diez mil manifestantes con la “keffiyeh” en el cuello y los hombros, ondeando cientos de banderas palestinas, se manifestaron en Santiago para pedir a la presidenta Michelle Bachelet que cortara las relaciones diplomáticas con Israel. Tratando de quedar bien con todos, el gobierno anunciará el envío de 150.000 dólares y medicinas a las agencias de la ONU que atienden a los refugiados palestinos. En diciembre de 2018, bajo Piñera, cambio de tendencia. A raíz de las denuncias de Shai Agosin Weisz, presidente de la comunidad judía chilena (y de la comunidad chilena en Israel), sobre la decisión del municipio de Valdivia de prohibir que sus servicios firmen contratos con cualquier empresa relacionada con Israel, el Contralor Nacional de Chile hace ilegal boicotear ese país por parte de los municipios.

El propio Jadue es nieto de inmigrantes palestinos que llegaron a Recoleta a mediados del siglo XX. Muy comprometido, fue presidente de la Unión General de Estudiantes Palestinos y coordinador de la Organización Juvenil Palestina de América Latina y el Caribe. No fue hasta 1993, un día después de la firma de los Acuerdos de Oslo, que se incorporó oficialmente al Partido Comunista de Chile. “Me llevo muy bien con los judíos; con los sionistas tengo ciertos problemas”, tuvo la desgracia de declarar…Al día siguiente, el actual presidente de la Comunidad Judía, Gerardo Gorodicher, reaccionó vigorosamente: “Una vez más, el señor Daniel Jadue hace declaraciones ofensivas contra los judíos comunidad en Chile, camuflando su antisemitismo bajo la apariencia de antisionismo. En otros países, un candidato que hiciera tales declaraciones ni siquiera estaría en las urnas, sería eliminado por los propios partidos políticos”. Es especialmente la presencia de Jadue en la cima de las encuestas de opinión lo que le ha ganado el interés de la CSW, admite sin ningún bochorno el rabino chileno Abraham Cooper: “La razón por la que este individuo está en el ‘Top 10’ es que puedo ser el próximo presidente. Alguien que viene en una plataforma diciendo que la comunidad judía es una fuerza subversiva, que podría apuñalar a su propio país por la espalda mientras sirve a otro Estado…Ya sabemos lo que hicieron los nazis con estas cosas (11)…” En caso de que la campaña de desprestigio local no sea suficiente para “matar simbólicamente” a este candidato de izquierda, Cooper agrega: “Esto debe dar alarma no solo en Chile, sino también en la administración de Joe Biden, al embajador que debe enviar, la persona a cargo de la OEA, el secretario de Estado (…) Chile es un país importante para los estadounidenses, para los Estados Unidos, esperamos que la presentación de este informe cause preocupación en la comunidad internacional”. Cooper no dice, sin embargo, si será necesario bombardear La Moneda, como en 1973, si Jadue fuera elegido jefe de Estado.

Así, el comunista chileno se suma a ilustres predecesores, comenzando por el venezolano Hugo Chávez. Recuerde…El 6 de enero de 2009, en solidaridad con los palestinos, expulsó al embajador de Tel Aviv, Shlomo Cohen. Desde el 27 de diciembre, la Operación Plomo Fundido lanzada por el Ejército israelí contra Gaza ha dejado (hasta ese momento) 1.038 muertos y más de 4.850 heridos, entre ellos muchos niños, mujeres y ancianos. Chávez se entusiasma, habla de una política “genocida”, cree que la masacre es competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI acaba -febrero 2021- de abrir una investigación por crímenes de guerra de Israel contra los palestinos. Acción legal inmediatamente calificada de antisemita por Netanyahu. “Es una decisión brutal, que no es del mérito de Venezuela y su pueblo, y que refleja las alianzas concluidas por los líderes venezolanos con los islamistas y los terroristas”, reaccionó al día siguiente el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, al anunciar, en represalia, la expulsión del encargado de negocios venezolano en Tel Aviv. A partir de entonces, la ofensiva global contra el chavismo tomó un nuevo giro. En julio, de gira por varios países de América Latina, el canciller israelí Avigdor Lieberman denuncia la existencia de células terroristas en La Guajira, una península seca y árida compartida entre Venezuela y Colombia. Con un pedigrí tan respetable, es difícil no retransmitirlo en su lapidación del líder venezolano. En diciembre de 2010, el Centro Simon Wiesenthal hizo entonces una erupción muy notoria al pedir a la OEA que investigara un “acuerdo secreto” entre Irán y Venezuela para instalar en ese país “una infraestructura nuclear de Teherán”. El 24 de diciembre de 2005, el CSW ya había truncado y manipulado a sabiendas un discurso navideño de Chávez para adjuntar la mancha de “antisemitismo” a su nombre. El Centro aprovechó la oportunidad para invitar a los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como a la presidencia del Mercosur (Mercado Común del Sur) a “congelar el proceso de incorporación de Venezuela en este bloque hasta que Chávez emita una disculpa pública por sus declaraciones antisemitas”. Desde Caracas, el presidente de la Confederación de Asociaciones Judías de Venezuela, Fred Pressner, protestó enérgicamente, explicando que Chávez no era un antisemita. “Usted ha interferido con nuestro estatus político, nuestra seguridad y nuestro bienestar como comunidad”, dijo públicamente al CSW. “Actuó unilateralmente, sin consultarnos, sobre temas que no conoce y no comprende”. Tanto la Abogacía Judía Global de Nueva York como el Congreso Judío de los Estados Unidos apoyaron esta opinión. A pesar de estos desafíos, la acusación del CSW permitió al subperiodista francés Jean Hebert Armengaud publicar una de las obras maestras de su desastrosa carrera, bajo el título “Le credo antisemita de Hugo Chávez”, el 9 de enero de 2006, en el diario Liberación. Tal profesionalidad merece una recompensa, Armengaud se convertiría más tarde en editor en jefe de una de las publicaciones insignia del grupo Le Monde, Courrier International (12). En su carta de diciembre de 2010 a la OEA, basada en una investigación particularmente exhaustiva, un artículo en el diario alemán Die Welt, el director de Relaciones Internacionales del CSW, Shimon Samuels, saca la “calumnia” de alarma: “El hecho de que Irán tenga un programa nuclear, el matrimonio entre la riqueza en uranio de Venezuela y la instalación en este país de los más cohetes sofisticados, con un alcance de 1.500 kilómetros, le dan poder a Irán en este continente contra aquellos que no están de acuerdo con su programa de desarrollo de armas nucleares. Muchos coinciden en que hay que actuar o enfrentar una situación similar a la Crisis de los Misiles en Cuba de 1962 (…) en la que el mundo casi estuvo al borde de la guerra termonuclear”. La misma historia, inevitablemente, con amigos en Washington.

En abril, el Departamento de Estado ya publicó un informe del Pentágono que daba “detalles” de las actividades iraníes en Venezuela (y América Latina). Si bien especifica que, hasta este momento, “los terroristas apoyados por Irán llevaron a cabo pocos ataques en la región” (¡lo que significa ninguno!), los servicios de inteligencia estadounidenses afirman que las operaciones de estos criminales en la zona “posiblemente podrían amenazar los intereses estadounidenses en el caso de un conflicto causado por la energía nuclear iraní”. No importa la naturaleza grotesca de las afirmaciones infundadas de la teoría de la conspiración. Lo importante es moldear la opinión internacional. De formatearla. No necesita saber que Venezuela, a pesar de su asociación económica con Teherán, fue uno de los primeros países en repudiar a Mahmoud Ahmadinejad cuando dijo que quería “borrar a Israel del mapa”. Viniendo de Holanda a través de la isla caribeña de Curazao, los abuelos de Nicolás Maduro Moros eran judíos sefardíes, tanto del lado de Maduro como del lado de los Moros. Se convirtieron al catolicismo en el continente americano. Esto es lo que Maduro, quien asumió la presidencia tras la muerte de Chávez, deberá recordarle el 5 de mayo de 2013 al director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman, quien lo acusa de antisemitismo por negarse a elogiar al criminal del Primer Ministro, Benyamin Netanyahu. Afortunadamente para Washington y el CSW, queda por torpedear la revolución bolivariana, un objetivo perfecto: Tarek El Aissami. Aunque nacido en Venezuela en 1974, este diputado, varias veces viceministro y ministro, actual ministro de Petróleo, tiene como padre Zaidan El Amin El Aissami, un inmigrante druso (13) de ideología baazista procedente de Jebel Druze en Siria. Es más, es un fastidio para la oposición venezolana. ¡Pan bendecido! Cuando el 4 de enero de 2017 Maduro nombró a Tarek vicepresidente de la República Bolivariana, el CSW, en la persona de Shimon Samuels, se manifestó de inmediato: aunque Aissami fue “presentado como druso”, estaba “estrechamente asociado con los chiítas”. Irán, la organización terrorista Hezbollah y la familia del presidente sirio Bashar al-Assad, a quien aparentemente recibió en Caracas. La mención del presidente sirio se refiere a una visita que realizó a fines de junio de 2010 a Venezuela durante una gira que también lo llevó a Cuba, Brasil y Argentina (en un momento en el que Washington y París, por el motivo de alentarlo a distanciarse de Irán, había decidido sacarlo de su condición de paria). En cuanto a “aparentemente”, no sabremos más…He aquí entonces, siete años después, vicepresidente de El Aissami. “Su nombramiento garantiza que Irán continúe teniendo acceso al caos terrorista en América Latina”, dice Shimon Samuels. El representante del CSW en América Latina, Ariel Gelblung, resumió el punto: “No solo está involucrado en el narcotráfico y tiene conexiones con el movimiento terrorista colombiano FARC (alegaciones que emanan de Washington), sino que Aissami también ha heredado el odio de Chávez hacia Israel y los judíos, y ahora puede poner en movimiento el antisemitismo de Maduro, amenazando aún más la vida de los judíos en Venezuela” (14). Lo único que queda, para el CSW, es finalizar la agresión: “Su nombre aparece entre los intermediarios en las negociaciones entre Irán y Argentina en la estrategia de Teherán encaminada a camuflar la responsabilidad iraní en el atentado al Centro Judío de Buenos Aires en 1994”. Aquí está Tarek El Aissami definitivamente vestido para la década. En algún tiempo (26 de marzo de 2020), por si acaso, la administración de Donald Trump ofrecerá $10 millones a cualquiera que lo capture (y $15 millones por la cabeza de Maduro) (15).

Cristina Fernández de Kirchner no estaba en el poder (ni tampoco su esposo Néstor Kirchner) cuando Argentina, al final de la Segunda Guerra Mundial, servía de refugio seguro para cientos de criminales nazis. Tampoco presidía el país cuando, el 18 de julio de 1994, en Buenos Aires, un atentado con bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), claramente antisemita, dejó 84 muertos y 230 heridos. En cambio, sí ocupó la Casa Rosada (sede del poder Ejecutivo) cuando, dieciséis años después, el 6 de diciembre de 2010, Argentina notificó que reconocía a Palestina. Las discusiones entre israelíes y palestinos estaban entonces (y como siempre) en un callejón sin salida y Tel Aviv había anunciado la reanudación de la colonización en Cisjordania. En un país donde, con unas 300.000 personas, vive la segunda comunidad judía más grande de América, después de la de Estados Unidos, la tragedia de la AMIA, nunca reivindicada, nunca aclarada, sigue siendo una herida abierta. Desde el principio, se sospechó un rastro cercano al oriente medio. A cargo de este expediente envenenado en 2004 por el presidente de centroizquierda Néstor Kirchner, el fiscal Alberto Nisman, acusa formalmente, en 2006, a “las máximas autoridades de la República Islámica de Irán, que acusaron a Hezbollah de llevar a cabo el atentado”. Cristina Kirchner llegó al poder en 2007. Perteneciente como su difunto esposo (fallecido en octubre de 2010) a la ola “rosa-roja”, que transformó a América Latina y puso histérico a Washington, lo mantendría hasta 2015, año en el que se encuentra sí mismo en…el muy infame “Top 10 del antisemitismo” elaborado por el CSW. El anuncio fue hecho en el Turnberry Jewish Center en Aventura, Florida, por el rabino Abraham Cooper, en presencia de la cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen. Elegida por el Partido Republicano para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, esta última ha construido toda su carrera sobre el odio de la izquierda en general y de Cuba (de los Castro) y de Venezuela (de Chávez-Maduro) en particular (16). Cristina Kirchner, ¿antisemita? Fue ella quien, el 13 de agosto de 2008, durante una visita de Chávez a Buenos Aires, organizó un encuentro entre él y Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial (WJC), y Jack Terpins, presidente del Congreso Judío-latinoamericano. También presente en el encuentro, el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, de fe judía, informó sobre el encuentro: “Chávez declaró que desea unir sus esfuerzos a los del presidente Lula de Brasil y de la presidenta Cristina Kirchner para lograr la erradicación total del antisemitismo en América Latina (…) Es un gesto que da testimonio del liderazgo y las opiniones del presidente Chávez sobre la necesidad de acabar con todo tipo de discriminación en nuestra región”. (17) En 2015, los mismos Kirchner y Timerman, que se había convertido en ministro de Relaciones Exteriores, se vieron ridiculizados por el Centro Wiesenthal. El fiscal Nisman los acusa de confabularse con Irán por firmar un pacto con Teherán en 2013 que levantó los cargos contra sospechosos iraníes a cambio de petróleo barato. Afirmando que los dos países investigarían conjuntamente, ¿no preveía el memorando la audiencia en Irán de los sospechosos en cuestión, mientras que Argentina ha estado exigiendo su extradición desde 2007 para juzgarlos en Buenos Aires? Es más, denuncia Nisman, el gobierno ha levantado las órdenes de detención internacionales emitidas contra los delincuentes por Interpol. El CSW se desata contra Timerman: “Él se auto-aisló irrevocablemente de AMIA (…) Con este acto personal, rechazó su educación, sus valores y su destino judío -incluido el entierro en un cementerio judío- y aparentemente abandonó las víctimas argentinas de esta agresión patrocinada por Teherán”. (18) El regreso de un derecho revanchista al poder en la persona de Mauricio Macri coincide con múltiples acusaciones de “guerra jurídica” contra Cristina Kirchner. Muy publicitados, los concernientes a la AMIA y la “colusión con Irán” dan un giro de novela negra cuando, el 18 de enero de 2015, pocas horas antes de presentar su acusación contra Kirchner al Congreso, Nisman es encontrado muerto en su domicilio, una bala en la cabeza, con una pistola calibre 22 al costado que le había sido adquirida, a petición suya, por uno de sus allegados. ¿Suicidio o asesinato? Aún sin resolver hasta el día de hoy, el drama da lugar a toda especulación. Los ojos “interesados” se vuelven hacia “el que se beneficia del crimen”. Con los dedos extendidos, las dos principales instituciones judías, la AMIA y la Amistad Argentina-Israel (DAIA), han tomado partido durante mucho tiempo y en voz alta. Excepto que…Difícilmente son representativos. De los 300.000 argentinos de origen judío, el 80% no tiene absolutamente ninguna conexión con las llamadas instituciones comunitarias que dicen hablar en su nombre. La veintena de dirigentes de la DAIA son elegidos únicamente por un colegio de 150 personas, en el que no hay una figura destacada. Contra toda evidencia, la organización se presenta como la voz política (y particularmente conservadora) de la “comunidad”, en un país que ha iluminado, a lo largo de su historia, las figuras de los judíos comprometidos en las luchas políticas y sociales -los Marcos Osatinsky, Juan Gelman, Bernardo Verbitsky, Raúl Kossoy, Moisés Lebensohn, Elías Seman, Horacio Verbitsky- y muchos otros, a quienes la izquierda del Río de la Plata conoce perfectamente…

En un ambiente nocivo, la denuncia del fiscal desaparecido contra Kirchner siguió su curso. A principios de diciembre de 2017, el juez federal Claudio Bonadio pidió que el ex presidente, que desde entonces se había convertido en senador, fuera retirado de su inmunidad y ordenó su detención por “traición”, así como la de Timerman y varios otros altos funcionarios. El Centro Wiesenthal felicita a la justicia argentina: “Este anuncio, considera Shimon Samuels, redime la reputación del fiscal Nisman, quien fue asesinado la mañana en que iba a exponer este encubrimiento ante el Congreso…un asesinato designado por Kirchner como un ‘suicidio’”…¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Un pacto “Kirchner-Timerman” para encubrir a altos líderes iraníes? Contra el consejo de la oposición, por supuesto, este memorando fue aprobado en ese momento por ambas cámaras del Parlamento argentino. Según el ex presidente, solo se pretendía avanzar en la investigación, ya que Irán se niega a extraditar a sus nacionales. Sin embargo, el Parlamento iraní nunca lo ha ratificado y nunca ha entrado en vigor. Se afirmó que el acuerdo se firmó para promover el comercio: granos argentinos por petróleo iraní. Esta transacción nunca se llevó a cabo, sabiendo además que, por exceso de azufre, el petróleo iraní no puede procesarse en Argentina (19). También se alegó que el pacto resultó en el levantamiento de las órdenes de arresto de “alerta roja” de Interpol contra los iraníes. No pasó nada como esto. “Ni Héctor Timerman ni nadie en el gobierno argentino ha pedido jamás el retiro o suspensión de los avisos rojos de Interpol”, dijo el secretario general de esta organización policial, el estadounidense Ronald Noble. “He tuiteado reiteradamente para refutar las conclusiones erróneas y sesgadas que da el juez Bonadio en su acta de acusación y para criticar los informes falsos y engañosos (del diario de derecha) Clarín sobre los avisos rojos” (…) Héctor Timerman, un devoto e inocente servidor público, falleció (de cáncer, 30 de diciembre de 2018) sin haber tenido la oportunidad de limpiar su nombre (20). A fines de abril de 2019, reconociendo la instrumentalización del caso, los dirigentes de AMIA solicitaron a la DAIA que detuviera su proceso judicial contra Kirchner: “Al renunciar a esta demanda contra el expresidente, además de que reparará un grave error de En la administración anterior, la DAIA comenzará a distanciarse de un caso que divide a la mayoría de los argentinos, división que ciertamente no nos representa (…) En otras palabras, la pregunta no es si el memorando es un delito o no, sino que el caso se refiere a una división política en la que la fiscalía juega a favor de Cambiemos (coalición de derecha que apoya a Macri)” (21). Cuando, veinte días después, Kirchner anunció que se postulaba para la vicepresidencia del país en las próximas elecciones generales, el Centro Wisenthal reaccionó con fuerza en un comunicado acusándola de ser “un apoyo probado de Irán y Hezbollah en Sudamérica”. Según las últimas hipótesis, el fiscal Nisman fue manipulado para llevarlo a sus conclusiones por uno de sus informantes clave, un hombre fuerte de la inteligencia argentina durante más de cuatro décadas, Antonio Jaime Stiuso. Despedido por Cristina Kirchner en 2014, al mismo tiempo que disolvía este organismo, el carácter sulfuroso habría generado un fuerte resentimiento. En todo caso, esto es lo que sugiere un documental del británico Justin Webster, emitido a principios de enero de 2020 en Netflix, en exclusiva para Argentina y titulado El Fiscal, el presidente y el espía. Para completar los seis episodios de una hora de duración de este documento, el autor se reunió con decenas de testigos, entre ellos el actual presidente Alberto Fernández -de quien Cristina Kirchner es vicepresidenta-, investigadores, miembros de los servicios secretos. Argentinos, CIA de Estados Unidos y Agentes del FBI. Uno de estos funcionarios del FBI, que participó en la investigación, cree que se hizo todo lo posible para llegar a “una conclusión predeterminada”, que acomoda más a Israel y Estados Unidos. (22).

En agosto de 2014, sin haber mencionado ni pronunciado nunca los equivalentes españoles (¡o aymaras!) de los horrores antisemitas: “cometas”, “youtres”, “judíos”, “cosmopolitismo”, etc. -ni haber amenazado o insultado a miembros de esta comunidad-, el presidente boliviano Evo Morales también se ha visto condenado al ostracismo por los acusados. ¿Qué crimen había cometido? Lo mismo que las otras víctimas del CSW. En medio de la Operación Margen Protector -1.500 civiles palestinos muertos en Gaza- calificó a Israel de “Estado terrorista” y -una medida abominable- anunció que sería necesaria una visa para los nacionales de este país que deseen visitar Bolivia. “La retórica agresiva de Morales contra Israel no es nada nuevo, y esta escalada no es una sorpresa”, dijo Shimon Samuels. Se siente cómodo con violadores de derechos humanos y tiranos en serie como Hamas, el dictador sirio Bashar Al Assad o el ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad”. Los proyectos reales del CSW no son en absoluto impenetrables.

Cuando su director para Latinoamérica, Ariel Gelblung, comenta el caso del chileno Jadue, declara: “El hecho de que esté entre los diez se debe a razones casi similares a las que nos llevaron el año pasado a considerar a Jeremy Corbyn como el persona más antisemita del mundo”. (23). No nos detendremos aquí sobre el caso del británico, pues es bien conocido por los europeos. Se le puede elogiar o culpar por ciertos puntos de su política -por ejemplo, su ambigüedad y sus movimientos sobre el tema del Brexit- pero, líder del Partido Laborista (y por lo tanto de la oposición) desde 2015, Corbyn ha liderado el Partido Laborista a un nivel no alcanzado desde los inicios del blaireísmo durante las elecciones generales de 2017. En el extremo izquierdo, y a pesar del impulso ascendente que estaba impulsando, las facciones más conservadoras de su partido lo impugnaron ferozmente. Sin resultados en la base. Entonces, el ataque principal fue en otro terreno. Su firme apoyo a la causa palestina y los supuestos abusos de algunos activistas de su partido le valieron a Corbyn la ya tradicional acusación de antisemitismo (24). La suposición fue implícitamente aceptada por los medios de comunicación que, sin necesariamente encontrarlo culpable, pero sin despejarlo tampoco, difundieron ampliamente la información. Argumentos controvertidos y feroces alusiones empañaron la campaña previa a las elecciones generales de 2019. A menos de tres semanas de las elecciones generales, el rabino jefe del Reino Unido, Ephraim Mirvis, habló personalmente en The Times sobre el caso Corbyn: El modo en que la dirección (del Partido Laborista), ha abordado el racismo antijudío es incompatible con los valores británicos de los que estamos tan orgullosos: los de la dignidad y el respeto por todos (…) Cuando llegue el 12 de diciembre, les pido a todos en el mundo que voten en conciencia. No lo dude, el alma misma de nuestra nación está en juego”. El daño causado por esta campaña jugó un papel importante en el colapso del Partido Laborista en el escrutinio de 2019, con el primer ministro conservador Boris Johnson ganando con una gran mayoría. Izquierdista, internacionalista, alterglobalista, solidario de Palestina…

Daniel Jadue tiene su lugar en el centro del objetivo del CSW. Incluso se atrevió a cuestionar a la expresidenta chilena Michelle Bachelet en julio de 2019 cuando, desde la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ella preside, hizo público un informe devastador y completamente desprovisto de objetividad sobre Venezuela (25). ¿Y si Jadue hiciera de su país una “Chilezuela”? Insoportable para el CSW, la derecha chilena y Washington (que cada día ve desmoronarse un poco más el Grupo de Lima) (26). En 2018, en Santiago, los ejércitos de Israel y Chile firmaron, a través del Mayor General Yaacov Barak y el General chileno Ricardo Martínez, nuevos acuerdos de cooperación en materia de formación y adiestramiento militar, mando y métodos de adiestramiento (27). Esta es una relación muy antigua…Entre 1975 y 1988, Israel ya vendía a Chile, sin escrúpulos, en medio de la dictadura de Pinochet, sistemas de radar, misiles aire-aire, equipos navales y aeronáuticos y antimisiles. ¿Condenar tal actitud, como lo estamos haciendo aquí, es antisemitismo? Como todas las formas de racismo, el antisemitismo, cualquiera que sea su forma u origen, debe combatirse con el mayor vigor.

Sin embargo, lo peor que le puede pasar a esta lucha es que se explote en beneficio de objetivos infinitamente menos nobles, a riesgo de socavarla, debilitarla y deslegitimarla. Esto es exactamente lo que hace el Centro Simon Wiesenthal. Camuflada detrás de la pantalla de la “Organización No Gubernamental” (ONG), es en efecto una organización paragubernamental que denigra y difama a cualquiera que se oponga a la política de Israel hacia los palestinos y la aceleración de la colonización de Cisjordania, bajo el liderazgo de Benyamin Netanyahu. Esta política es condenada por el derecho internacional, no solo por la izquierda latinoamericana (o incluso de otras partes). En un informe publicado el 12 de enero de 2021, una de las organizaciones judías de derechos humanos más antiguas de Israel, B’Tselem, afirma que “Israel mantiene un régimen de apartheid entre el río Jordán y el Mediterráneo”. En julio de 2020, uno de los juristas israelíes más famosos, el abogado Michael Sfard, había publicado, para la ONG de derechos humanos Yesh Din, un dictamen jurídico detallado en el que también concluía que “una situación de apartheid en los territorios de Cisjordania”. Como el muy respetable chileno Daniel Jadue en 2020, ¿aparecerán los judíos israelíes Michel Sfard y Hagai El-Ad, el director ejecutivo de B’Tselem, en el “Top 10 de los peores antisemitas” en 2021?

Fuente: ElSiglo.cl

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