En el marco de la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el Comité de Lucha Popular de Galicia, España, ha publicado una carta de apoyo denunciando la "Guerra Judicial o Lawfare". Afirman que esta práctica “azota los proyectos emancipadores que ponen en el centro la transformación del neoliberalismo que empobrece y violenta a los pueblos”.

Este respaldo surge en el contexto de la investigación en curso relacionada con la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), creada en 2015 e impulsada por Daniel Jadue. Esta iniciativa rompió con el modelo neoliberal de venta de medicamentos y, hasta la fecha, ha facilitado la creación de cerca de 200 farmacias populares distribuidas en 170 comunas del país.

En su carta, el Comité de Lucha Popular es categórico al señalar que “las élites nacionales, regionales y mundiales, y los defensores de los intereses del capital financiero internacional llevan años combatiendo las políticas sociales diseñadas para erradicar la pobreza y disminuir las profundas desigualdades sociales, usando de pretexto sus defensas corporativas para atacar proyectos y dirigentes legítimamente electos por el voto popular”.

Respecto a lo que parece ser una condena adelantada, el Comité enfatiza que “los derrotados en las urnas buscan imponer sus intereses por sobre la soberanía popular. Criminalizando y destruyendo la política, sentenciando antes que cualquier juez imparcial a través de los medios hegemónicos, violando el principio del debido proceso y las garantías constitucionales de los acusados”.

Además, expresan su preocupación por la persecución comunicacional, judicial y política hacia el alcalde de Recoleta y lo que él representa: “un proyecto de democratización y protagonismo popular que mejoró sustancialmente la vida de miles de familias chilenas, generando una referencia nacional e internacional en lo que a gobiernos locales se refiere”.

Finalmente, el Comité de Lucha Popular hace un llamado a la comunidad internacional, a los movimientos sociales, a las militancias populares y a todos los demócratas del mundo a que “acusen recibo de esta alerta democrática e impidan que se siga la ruta de la proscripción, no solo de las dirigencias políticas, sino del Estado de Derecho”.