Plebiscito en Vitacura: Hoy Vienen Por mi Pero Ya es Demasiado tarde

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Por todos lados surgen voces que se alegran y festejan por la realización del plebiscito en Vitacura, en el cual, una mayoría ciudadana logró frenar, luego de mucho batallar con las autoridades y principalmente con el Alcalde, la entrega en bandeja de la comuna a las empresas inmobiliarias que ya se estaban preparando para destruir lo que queda de la comuna tradicional para llenarla de sus lucrativas torres con las que han cambiado Santiago, convirtiéndolo en una ciudad en donde cada día es más desagradable vivir.

Para algunos, este plebiscito tiene un tremendo significado para lo que es quizá la deuda pendiente más grande de los 20 años de gobierno de la Concertación, la democratización de la sociedad y la promoción real de la participación ciudadana.

En el ámbito de la planificación y el ordenamiento territorial, por solo dar un ejemplo, venimos asistiendo hace ya mucho años, por todos lados y en todas las comunas en donde se han actualizado o ejecutado por primera vez los Planes Reguladores Comunales, a los reclamos de la comunidad por las decisiones que en sus barrios se están tomando y por nula consideración que en las mismas existe de la opinión de quienes viven en ellos.

Hace un tiempo fue Recoleta, luego vimos a los vecinos de La reina, que estos días se levantan nuevamente para intentar impedir la instalación en su barrio de una antena repetidora de señal de celulares por los efectos que esta pudiera tener en la salud de los vecinos.  También vimos a los habitantes de Providencia reclamar por cómo las autoridades comunales, con la complicidad legal de los diputados y senadores, abrieron la comuna a lucrativos negocios inmobiliarios que reemplazaron añosos y consolidados barrios residenciales de mediana y baja densidad, por edificios en altura, que brindaron, durante las últimas dos décadas, jugosos permisos de edificación a la municipalidad y cuantiosas ganancias a las empresas inmobiliarias.

Claro está que hace rato que en nuestro país, el deseo de los habitantes de cada comuna, de seguir viviendo en este tipo de barrios que están en serio riesgo de extinción, no pesa nada pues el gobierno local se ha revelado como absolutamente impermeable a las necesidades y expectativas de sus propios electores.

Ahora bien, lo cierto es que la culpa no la tienen exclusivamente las autoridades vigentes, ni las pasadas, ni las que vendrán.  La culpa debe repartirse por igual entre todos los actores que directa o indirectamente participan en la manutención del modelo actual y de sus formas de entender a la ciudadanía y su relación con el estado como instrumento de dominación.

Primero están quienes hacen las leyes, que han validado una y otra vez el hecho de que los Planes Reguladores se desarrollen sin la participación de la comunidad. De hecho, la ley actual solo obliga a incorporar a la comunidad en una función meramente consultiva, solo una vez que el proyecto está terminado, sin siquiera obligar a incorporar las observaciones emanadas de las simbólicas reuniones informativas o asambleas populares.  De hecho se considera solamente un tipo participación cuyo objetivo es permitir a la ciudadanía en-tender (entrar en la tendencia) lo que los técnicos, de la mano de las autoridades comunales, han decidido, mientras que la participación que la gente reclama es aquella que permite  trans-formar (cambiar las formas) la situación de los barrios en virtud de los intereses de quienes viven en ellos y no de quienes desean servirse o enriquecerse a costa de los mismos.

Luego la responsabilidad recae también en las escuelas de arquitectura y urbanismo, que desde la etapa de formación de los profesionales que se dedican a la planificación, cada día con menos capacidad de crítica, han ido consolidando una forma de entender la planificación urbana y el ordenamiento territorial, casi exclusivamente como una forma más de movilizar recursos con miras a la tan ansiada reproducción del capital, sin que el usuario o el destinatario final de la planificación juegue rol alguno en dicho ejercicio intelectual de los iluminados del ordenamiento territorial.

Luego están las autoridades de los gobiernos locales que no asumen que la ley, en cuanto a participación ciudadana se refiere, solo establece mínimos obligatorios, convirtiendo la participación en  un tema casi exclusivo de voluntad política.  Así, todos deben saber que nada impide a los alcaldes de las comunas el incorporar la participación comunitaria de forma temprana y vinculante, que significa incorporarla durante el proceso de elaboración del proyecto, para conocer e incorporar los sueños de quienes habitan el territorio en la etapa de definiciones del mismo y que las decisiones mayoritarias de la comunidad obliguen a la autoridad a actuar en consecuencia.

Por último, está la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas, que no se interesan en los problemas mientras estos no les toquen directamente sus intereses y que luego de quejarse en forma reiterada de las decisiones cupulares y de la falta de participación, vuelven a votar por los mismos candidatos y partidos políticos que han mostrado un sistemático desprecio por la comunidad, por la participación y por la democracia, como forma de relacionarse con su entorno, siendo éste, uno de los resabios más profundamente arraigados de una cultura autoritaria de la cual Chile aún no logra desembarazarse.

Además, la falta de solidaridad y de reconocimiento del otro como un actor tan válido como uno mismo, nos sigue invitando a todos y todas, solamente a meternos en nuestros asuntos y ser meros espectadores de aquellas situaciones en donde los enemigos comunes pasan por encima de otros que no somos nosotros mismos.

Es cierto, nunca antes vimos a los ciudadanos y ciudadanas de Vitacura preocuparse por la participación ciudadana ni por la democracia en otros lugares del país.  Tampoco vimos a muchos habitantes de La Reina, reclamar contra la Costanera Norte en solidaridad con los habitantes de Pedro de Valdivia Norte en Providencia.  Tampoco vimos a los habitantes de Recoleta solidarizar con los habitantes de Providencia que hace años vienen reclamando por la destrucción de sus barrios y espacios públicos.  Tampoco hemos visto a los ciudadanos que hoy reclaman, hacerse cargo de las innumerables denuncias de la agrupación Defendamos la Ciudad que encabeza Patricio Herman.  Sin embargo, a todos los hemos visto reeligiendo una y otra vez a sus alcaldes, concejales, diputados y senadores para luego volver a verlos quejarse de las decisiones que, de manera inconsulta, toman las autoridades.

Toda esta situación me hacer recordar ese viejo refrán que plantea que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Es de esperar que los chilenos y chilenas despierten antes de que sea demasiado tarde.

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